El próximo Gobierno de Canarias, el resultante de las elecciones del 24 de mayo, si de verdad está interesado en las personas, deberá tener como prioridad generar las condiciones necesarias para la creación de empleo. Los últimos datos sobre el paro conocidos al final de esta semana vuelven a arrojar muchas dudas sobre la política que en esta materia ha llevado a cabo el Ejecutivo presidido por Paulino Rivero. Otra cosa, eso sí, son las previsiones del BBVA para las Islas, que anuncian 60.000 nuevos puestos de trabajo para los dos próximos años. De momento habrá que quedarse con lo real, las cifras del Instituto Nacional de Estadística que hablan de 1.400 parados más al cierre del primer trimestre de 2015. Y entre las medidas a adoptar, además de simplificar la trama legislativa y evitar las trabas burocráticas, está la de acercar la formación de los jóvenes canarios a la demanda actual del mercado laboral. Que a estas alturas aún se quejen los empresarios de que no encuentran residentes en las Islas que dominen dos idiomas, además del castellano, y tengan que acudir al exterior para encontrar trabajadores es una clara muestra de que las cosas no se están haciendo todavía bien. Quizás por ello el candidato de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo, se manifestaba recientemente a favor de revisar la Formación Profesional como uno de los pilares de su programa electoral. Y es que el vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno canario, José Miguel Pérez, ha estado más pendiente de evitar conflictos durante la legislatura que ahora acaba que de tomar decisiones dirigidas a situar la formación de los jóvenes canarios en el nivel que las actuales circunstancias precisan. Seguramente las medidas que ahora se adopten no tendrán un resultado inmediato, pero se trata de sembrar para poder recoger en el futuro, cuestión de la que parecen olvidarse en muchas ocasiones los políticos actuales, más pendientes del rédito inmediato que del bienestar a medio y largo plazo de los ciudadanos.

Por el mismo motivo, haría bien el Ejecutivo canario en mirar lo que pasó en su día en Galicia con el famoso derrame del "Prestige" para sacar al desastre del derrame de fuel del barco ruso la misma rentabilidad que en su día obtuvieron los gallegos. Y no solo por cuestiones políticas y partidistas, sino pensando en los daños que está provocando y puede originar en un sector tan estratégico para las Islas como el turismo. El Gobierno que preside Mariano Rajoy deberá asumir las consecuencias y hacer frente no solo a los gastos que origine el vertido, sino compensar a los canarios con las inversiones necesarias para recuperar el litoral y el atractivo que hasta ahora ofrecía a los miles de visitantes que viajan a las Islas. Canarias, además, debe aprender que está expuesta a estos riesgos y debe minimizarlos, pues lo que ha ocurrido con esta embarcación es solo un ejemplo de los peligros que corre por su situación y condición archipielágica.

La apertura de un nuevo tramo del anillo insular de carreteras, después de tantas vicisitudes, ha de ser aprovechada por los dirigentes insulares y dar así el definitivo impulso a esta vía fundamental para el futuro desarrollo de Tenerife. Ahora lo que hace falta es unir voluntades y lograr los recursos que permitan poner fin a esta carretera. El resto únicamente sirve para distraerse del objetivo principal.