El Juzgado de lo Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife ha declarado nulos los despidos de las ocho trabajadoras de la Escuela Infantil Municipal La Bombillita Feliz, de Tacoronte, y condena al Ayuntamiento tacorontero a readmitir a las empleadas y abonarles los salarios que tenían que haber percibido desde la fecha del despido, el 31 de agosto de 2014, hasta su readmisión. Una cifra que supera los 105.000 euros.

La sentencia también estima la demanda presentada por las ocho trabajadoras de la guardería respecto a sus contratos y declara el carácter indefinido de la relación laboral que las unía al ayuntamiento.

La Justicia considera que el ayuntamiento no utilizó la fórmula adecuada para la extinción de los ocho contratos de trabajo, y señala que la administración local "tendría que haber procedido en virtud de las causas y vías rescisorias contempladas y reguladas en el artículo 49 y concordantes del Estatuto de los Trabajadores". Además, subraya que a esta falta de justificación de los despidos se añade, en dos de los casos, otra causa que por sí sola ya determinaría la nulidad de sus despidos: dos de las trabajadoras estaban embarazadas en el momento de la extinción de sus contratos laborales.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) "en un plazo de cinco días". Para poder recurrir, el Consistorio de Tacoronte debe consignar en una cuenta del juzgado la cuantía total de los salarios de tramitación (más de 105.000 euros) o un aval solidario de una entidad financiera por la misma cantidad.

El despido de ocho de las nueve trabajadoras de la guardería municipal de Tacoronte ha dejado sin servicio a 57 niños de 0 a 3 años de edad durante los últimos ocho meses. Desde septiembre de 2014 hasta la actualidad.

Dávila justificó en su momento los despidos por una sentencia judicial que presuntamente les obligaba a "no renovar esos contratos". Ahora, una nueva sentencia judicial insta al consistorio a readmitir a las ocho trabajadoras, a pagarles los salarios de los últimos ocho meses, aunque no hayan podido trabajar, y las convierte en personal municipal con contrato indefinido.