El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, haciéndose eco de las quejas que le han hecho llegar sus colegiados, denunció ayer "la competencia desleal que viene ejerciendo la Administración, autonómica y local, a través de sus empresas públicas, a las que sitúa en una posición de privilegio en las contrataciones de los proyectos, poniendo en grave riesgo la supervivencia a las pequeñas y medianas empresas de las islas".
Si bien los fines de una empresa pública pueden concurrir con los de las empresa privada, y es lícito legalmente, no es menos cierto, argumenta el Colegio, que deben estar sujetas a una doble condición: la actividad empresarial que va a desarrollar debe ser de indudable interés público, así como someterse, sin excepción ni privilegio alguno, directo ni indirecto, a las mismas reglas de libre competencia que rigen el mercado para el conjunto de las empresas. Dicho de otra forma, sus actuaciones deben restringirse a aquéllas que no pueden ser cubiertas por el sector empresarial de las islas y concurrir a las contrataciones en igualdad de condiciones que el resto de la oferta que opera en igual ámbito en Canarias.
En nuestra Comunidad Autónoma existe un amplio sector capaz de llevar a cabo la actividad que en la actualidad desarrollan empresas públicas, y pueden hacerlo de manera más eficaz, rentable y con mayor valor añadido, ofreciendo mayores oportunidades de empleo y un significativo ahorro a la Hacienda canaria.
Sin embargo, "empresas como Gesplan y Tragsa actúan como un auténtico lobby, ejerciendo sin reglamentación ni transparencia, aprovechando su posición dominante en el mercado y soslayando la información pública, lo que les permite hacerse con un porcentaje importante de las dotaciones de los contratos", afirma, en una nota, el Colegio.
Según el comunicado remitido a eldia.es por este colectivo profesional: "Durante el período 2007-2013, la mayor parte de los fondos europeos que se gestionaron en Canarias se destinaron a estas empresas públicas, con la connivencia política y con la excusa de que las administraciones no son capaces de gestionar estos fondos. Sin embargo, las empresas públicas subcontratan a continuación con empresas privadas, pero se siguen quedando con un alto porcentaje (entre un 40% y 50%) del presupuesto. Mientras que en lo que se refiere al personal, y salvo honrosas excepciones, se contrata a profesionales con escasa cualificación.
Esta práctica tiene consecuencias devastadoras para Canarias, en tanto que muy buenos profesionales se ven abocados a abandonar las islas por falta de oportunidades de empleo, más reducidas aún por el hecho de que no se convocan plazas públicas en este sector desde 1989, lo que incide nuevamente en evitar que el sistema de contratación sea realmente transparente.
Este Colegio ha sondeado los portales de transparencia del Gobierno de Canarias, cabildos insulares, y Tribunal de Cuentas, y ha sido imposible conocer el porcentaje de contratación de las empresas Tragsa y Gesplan. Como podrán comprobar con sólo visitar las distintas web, y es lo que ha llevado a nuestros colegiados a advertir de lo que consideran falta de transparencia y de buena gobernanza del dinero público por parte de las instituciones.
Alertados ya de esta situación, el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias confía en que los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones tengan en cuenta la realidad de las pequeñas y medianas empresas y tomen las medidas oportunas para evitar esta competencia desleal de las empresas públicas y reconducir su actividad al espacio al que no puede llegar el sector privado".