El Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife han archivado la causa contra la mesa de valoración que asesoró al Gobierno canario en el reparto de las licencias de radio en FM convocadas en 2010.
El portavoz del Gobierno canario, Marín Marrero, ha explicado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha decretado el sobreseimiento y el archivo de actuaciones contra los miembros de la mesa del concurso de FM.
En opinión de Marrero, ha quedado claro que la intervención de los empleados públicos en estos procedimientos no solo es rigurosa sino que es imparcial e independiente, "sin ningún tipo de interferencia política".
La Fiscalía Provincial de Tenerife había presentado una denuncia por un posible delito de tráfico de influencias contra los cinco integrantes de la mesa del concurso de licencias tras comprobar que el 8 de abril de 2011 se aprobaron unos criterios para puntuar las distintas ofertas presentadas "que no estaban previstos en las bases publicadas".
El portavoz del Gobierno ha valorado que al final la justicia haya puesto "las cosas en su sitio", pues no se ha visto ninguna actuación que tenga encaje en el Código Penal.
"Estamos plenamente convencidos de la actuación honesta de los empleados públicos que formaron parte de la mesa del concurso de FM", ha agregado.
Por otro lado, el portavoz gubernamental ha hecho pública una sentencia que condena a los dos abogados titulares de un bufete de abogados de Madrid a un año y nueve meses de prisión y a una multa global de 11.000 euros por la comisión un delito continuado de falsedad en documentos oficiales.
Este fallo se produjo a raíz de una denuncia de la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno de Canarias con motivo del concurso de FM, ya que al parecer, estos abogados presentaron fuera de plazo las ofertas de 41 empresas, todas ellas canarias, para participar en el concurso público.
Los condenados pidieron que se ampliara el plazo para presentar las ofertas de estas 41 empresas con un escrito falso supuestamente entregado a Correos y fechado dentro de tiempo para pedir esta prolongación del tiempo.
Marrero ha lamentado que estas empresas no hayan tenido la oportunidad de participar en el procedimiento público debido a que el bufete de abogado las presentara fuera de plazo.
La sentencia hecha pública hoy abre una vía judicial a las 41 empresas afectadas, ha señalado el portavoz gubernamental, quien ha explicado que la sentencia será trasladada a las empresas para decidan si desea solicitar indemnizaciones al bufete de abogados.