Los portavoces de más de cincuenta colectivos legalmente constituidos de La Laguna han recurrido ante el Juzgado de un Contencioso-Administrativo el Reglamento de Uso y Gestión de los Centros Ciudadanos, norma aprobada por el pleno municipal el pasado mes de noviembre.

Según pudo saber ayer este periódico, el recurso fue presentado el pasado viernes, día 24, tres días antes de que venciera el plazo legal para hacerlo, y al no haber sido atendido el recurso de reposición, dirigido al alcalde, Fernando Clavijo, que dieciséis de esos colectivos habían cursado a mediados de febrero.

A partir de ahora, el Ayuntamiento de La Laguna dispone de seis meses para contestar, a través del juzgado, a los colectivos recurrentes.

Los recurrentes justifican la presentación de los recursos en que no se atendieron las demandas que se acordaron con el concejal de Participación Ciudadana, Javier Abreu, en la última reunión en la que se debatió el documento, justo antes de ser elevado al Pleno en el que se aprobó.

Gran parte de la controversia tiene que ver con el artículo 9 del mencionado reglamento -aunque hay otros en discusión-, que tiene que ver con la composición de los consejos de centros.

Ese artículo, tal y como quedó redactado, otorga la misma representatividad en los citados consejos a una asociación de vecinos que a cualquier otro colectivo que formen, al menos, tres personas, una cuestión que rechazan las asociaciones denunciantes.

Lamentaron estos colectivos que Javier Abreu "no cumpliera" su promesa de atender las demandas vecinales, a pesar de que se comprometió a hacerlo en una reunión celebrada en el Centro de Las Madres, de Padre Anchieta.

Según recordaron, el edil de Participación Ciudadana solicitó en esa cita que se aprobara de manera provisional el citado Reglamento "para no demorarlo más en el tiempo" -junio de 2014- y que después habría tiempo de atender las enmiendas y reclamaciones presentadas.

"Es por el incumplimiento de la palabra dada, y por el incumplimiento a la propia ley, por lo que los portavoces de estos colectivos hemos mantenido reuniones con todos los grupos políticos para pedirles apoyo en lo que entendemos que es una vulneración de los derechos de los colectivos y la propia ciudadanía", remarcaron.

No obstante, subrayaron que "su intención" no es que todo el Reglamento sea declarado nulo, "sino que se rectifique y se cumpla la palabra dada por el concejal de llevar a la mesa de debate varios artículos que se aprobaron sin consenso y que vulneran los derechos de los colectivos primando los de particulares".

"Nada cuesta comprometerse públicamente", añadieron.