Elena Peraza se despidió ayer del Pleno como la primera responsable de la Oficina del Defensor de la Ciudadanía de Candelaria, recibiendo elogios por parte de toda la corporación. Lo hizo con una exposición pormenorizada (más de una hora) del balance del último año en el que se produjo un "aumento significativo de quejas" hasta alcanzar las 78.

En la clasificación de áreas objeto de tales quejas, destaca el papel de Sanidad (18) y de la empresa pública Epelcan (10). En media, aparecen otras 13 reunidas en un capítulo que la defensora denominó varios. Sobresale el caso de la empresa concesionaria del servicio de agua, Aqualia, con una queja, cuando tradicionalmente era uno de los departamentos más criticados.

Elena Peraza se marcha realizando una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra la necesidad de advertir a la población acerca de la importancia del Padrón de Habitantes y su influencia posterior en cualquier trámite ordinario y/o extraordinario del ciudadano. La ordenación de las telecomunicaciones y la organización del servicio de recogida de animales abandonados son otros aspectos recomendados.

En la última sesión plenaria ordinaria del mandato celebrada ayer por el Ayuntamiento de Candelaria también fue ratificada la aplicación del 0,53 como baremo catastral, lo que debe suponer que el IBI se reducirá el año próximo.

Asimismo, con la abstención de PP y los dos ediles no adscritos, José Fernando Gómez y Carina Dainotto, fue ratificada la petición remitida por la Alcaldía al Cabildo en materia de transporte, consistente en que los vecinos de Candelaria puedan beneficiarse de todos los bonos de guagua y tranvía que actualmente existen; la asignación a este ayuntamiento del importe de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes por desarrollar un transporte urbano; el rechazo a la modificación de las líneas interurbanas 123, 127 y131 de Titsa y el pago de las cantidades devengadas a los taxistas.

En el marco del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 73.461,17 euros, el concejal de Hacienda, Domingo Ramos, defendió que "se paga como se hace desde hace más de 20 años" y está avalado por un técnico y la vicesecretaria municipal.

No así por el interventor, que reparó las 46 facturas del expediente (finalmente se retiró una) que se correspondían con pagos atrasados que incumplían la Ley de Contratación y no habían sido tramitadas por el procedimiento establecido.

Mientras José Fernando Gómez advirtió a todo el PSOE de que tuvieran cuidado a la hora de votar (votaron sí), Carina Dainotto se refirió a la existencia de "vicio grave de nulidad en los contratos" y citó los términos ilegalidad y dictadura. Mayca Coello (SsP), le pidió al alcalde que "no atente contra nuestra inteligencia ni nuestro conocimiento de la administración pública" cuando García Trujillo explicó lo que es un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito.