La Fundación BBVA y el Ivie presentaron ayer en Madrid el estudio "Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades", en el que se analiza la evolución del gasto en los servicios públicos fundamentales (educación, salud y protección social) en España y sus comunidades autónomas desde 2002 a 2013, "con la finalidad de aportar datos objetivos al debate y la toma de decisiones".

Entre sus principales conclusiones destaca la mala puntuación que obtiene el Archipiélago en prácticamente todas las categorías evaluadas, destacando que se coloca a la cola en el gasto que el Gobierno destina a los servicios públicos fundamentales con un resultado de 5.235 euros frente a los 8.360 u 8.531 del País Vasco y el Principado de Asturias, respectivamente.

La diferencia de inversión en este tipo de servicios entre Canarias y estas dos comunidades es de un 60% menos.

También el Archipiélago es la región que peores cifras registra en lo que a gasto por habitante en protección social se refiere con 3.074 euros de inversión, frente a los 3.958 de media del país y los 5.516 del País Vasco y los 5.751 de Asturias.

Pero las Islas también son las terceras por la cola en lo que a gasto público en educación se refiere, con 846 euros per cápita, frente a los 915 euros de media y los 1.224 el País Vasco.

En Sanidad, Canarias mejora sus cifras, colocándose la quinta por la cola, con un inversión de 1.332 euros por paciente, cerca de la media española, que se sitúa en los 1.357 euros, pero muy lejos de los 1.714 euros que invierte el Principado de Asturias en cada paciente.

Respecto al ajuste del gasto en servicios esenciales, destaca el hecho de que, de nuevo, en las comunidades del norte de la Península el gasto que resulta tras la constricción presupuestaria sigue siendo más elevado que el de Canarias cuando más invertía, así, en 2009, en las Islas era de 97 puntos y en 2013 de 73, mientras que en Navarra fue de 122 punto y 101, respectivamente, en el Principado de Asturias 108 y 101 y en el País Vasco 122 y 104.

A juicio de los investigadores, estas diferencias se explican más por los distintos recursos regionales que por las diversas necesidades de los territorios, apuntando a que "las comunidades con bajos ingresos no solo han asumido las restricciones impuestas por la crisis, sino que también soportan unas limitaciones adicionales a la hora de prestar los servicios fundamentales".

Además, recuerdan que las diferencias de ingresos de las regiones no se explican por sus distintas necesidades sino por razones históricas y políticas, como la foralidad o las valoración inicial de las competencias transferidas y concluyen que "las principales diferencias de gasto en servicios públicos fundamentales no son un resultado de la descentralización, pues ya existían antes, debido a que el Estado no desplegaba de forma homogénea sus servicios en el territorio nacional.