No cabe duda que la falta de acceso al empleo constituye un grave riesgo de exclusión. Esto determina que el problema de la exclusión social haya cobrado especial relevancia en nuestro país si tenemos en cuenta nuestra tasa de desempleo.

Por ello es preciso fomentar el acceso al empleo y promover la participación en el mercado laboral. Actuar no sólo desde la perspectiva de la protección social de los desempleados sino potenciar las políticas que mejoran la empleabilidad de los trabajadores para facilitar su inserción laboral.

De este modo las políticas de empleo deben favorecer tanto las estrategias activas de formación, orientación, etc., que mejoran la capacidad individual para encontrar y permanecer en el empleo, al tiempo que se mantiene un adecuado sistema de protección durante su permanencia en el desempleo, como proporcionar a las empresas un entorno flexible que les permita adaptarse, que no les disuada, sino que les anime a contratar nuevos trabajadores y favorezca que generen el mayor número de empleos posible.

Debería seguir avanzándose en una mayor presencia de las políticas activas frente a las medidas pasivas de prestación económica. Se trata, por un lado, de reforzar la empleabilidad, y por otro, de la inversión en el desarrollo de capacidades que impulsen aumentos sustantivos de la productividad, conectando con las necesidades de las empresas.

En consecuencia, la pobreza y exclusión social exigen actuar de forma coordinada y no excluyente en tres ámbitos fundamentales: las políticas de protección social, las políticas de empleo y las políticas educativas y formativas.

Además de lo mencionado de manera general, en concreto, en cuanto al Sistema de Asistencia y Atención a la Dependencia y teniendo en cuenta el indudable envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad y de las situaciones de dependencia, es necesario una profunda revisión del mismo, apoyada en el diálogo social con los interlocutores sociales, que analice las posibles disfunciones existentes y las diferencias y desigualdades territoriales, culminando en una reforma o modificación del mismo que lo prepare para estos nuevos retos. Para ello se necesita de un marco estable, con reglas del juego claras que fomenten la inversión, tanto pública como privada, y faciliten la toma de decisiones de los distintos actores del Sistema. Un marco que incluya un mayor desarrollo de las fórmulas de colaboración público privada, así como de una efectiva coordinación entre Sanidad y Políticas Sociales para una atención integral de los ciudadanos.