Los 17 empleados que tenía la empresa concesionaria de la explotación de la piscina municipal cubierta de Güímar remitieron un burofax al ayuntamiento informando de que "la no subrogación de la plantilla (...) implica un despido de carácter absolutamente improcedente". Recuerdan que el martes fue cuando el gobierno municipal "procedió a escenificar el secuestro o intervención de este servicio municipal sin incorporar a los 17 trabajadores que conformamos la plantilla afecta al mismo".
Las instalaciones de la piscina municipal pertenecen al Ayuntamiento de Güímar y era gestionada y explotada, hasta el momento, por la UTE Cedaga S.L. Luis María de Olano Lorenzo Cáceres.
Los trabajadores prestaban sus servicios en dichas instalaciones, ubicadas en Tasagaya, hasta el pasado mes de septiembre, cuando se procedió al cierre de la piscina. Posteriormente, se tramitó un expediente de regulación de empleo (ERE) "para la suspensión de las relaciones laborales hasta que no se arreglara la caldera y la refrigeración de la instalación, situación que ha sido constatada por la Inspección de Trabajo".
El 9 de septiembre pasado, la piscina municipal de Güímar fue cerrada por problemas de gestión y una deuda de más de 300.000 euros, según informó el gobierno municipal entonces en un comunicado, en el que explicó que intervendría el servicio y se haría cargo de la instalación "ante el grave incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa concesionaria". El gobierno que preside Carmen Luisa Castro aseguró que la empresa "no ha completado la inversión en la piscina a la que, por escrito, se ha comprometido".
Cedaga-Olano Construcciones atribuyó el cierre que aplicó a la piscina el pasado 9 de septiembre argumentando que "tiene un único origen y causa en la ilegalidad de sus instalaciones", lo que provocó que dicha empresa se viera "sin la cobertura de la póliza de seguros de responsabilidad civil (...) por el incumplimiento del propio ayuntamiento en el plazo para la legalización, circunstancia que fue comunicada por Zurich (la aseguradora) directamente al propio gobierno".