El gobierno municipal de Arona comenzó el plan de cierre de establecimientos de restauración que operan sin licencia en vigor. La medida ya afecta a uno de ellos, por lo que más de una decena de dueños mantuvo ayer un encuentro con el alcalde y con el concejal de Urbanismo, Francisco Niño y Carmelo García, respectivamente, para tratar de resolver "este problema que, por el tiempo que ha estado en la gaveta, ahora les viene grande".

Los primeros datos recabados por los empresarios afectados indican que "en pocos días tendrían que quedarse sin empleo unos 300 trabajadores", que forman las plantillas de los bares y restaurantes sobre los que ya existe orden de cierre por parte del consistorio.

Se da la circunstancia de que hay varios establecimientos que se encuentran emplazados en suelo rústico pero que disponen de la correspondiente calificación territorial, documento que otorga el Cabildo. "En mi caso, que lo tengo en una edificación antigua situada en suelo rústico, el ayuntamiento me orientó pidiéndome una documentación y asegurándome que me darían la licencia", manifiesta Rosa Castellano, una de las propietarias afectada. De momento, su restaurante está cerrado, "aunque mi situación tiene solución".

Desde el gobierno municipal, el concejal de Urbanismo, Carmelo García, explicó que la intervención de la Administración aronera en este asunto "se sustenta en un escrito denuncia presentado por una persona física sobre la situación de cinco establecimientos concretos que están en suelo rústico". En ese momento, el departamento de Disciplina Urbanística abrió los expedientes oportunos para aclararla "y solo ha cerrado uno de los cinco", concluyendo el expediente "que no se pude conceder licencia para la actividad de hostelería y de restauración en el lugar en que se encuentra el restaurante".

De momento, los restantes cuatro expedientes se encuentran en desarrollo y pendientes de que haya un dictamen final. Pero la situación afecta "a esos cinco establecimientos. Eso sí, son emblemáticos, pero el que está cerrado incumple la norma".

Los empresarios también llamaron la atención sobre el hecho de que esta medida se haya adoptada "en base a un Plan General de Ordenación (PGO) que todos sabemos cómo está". El planeamiento de Arona se encuentra anulado casi completamente. De hecho, la sala del Tribunal Supremo (TS) votará el lunes la decisión final sobre el futuro del documento, resolviendo así el recurso que fue presentado en su momento por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).