La juez sustituta del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna, Teresa Álvarez de Sotomayor Soria, ha anulado casi nueve meses de escuchas telefónicas del caso Corredor -21 de septiembre de 2010 hasta el 16 de junio de 2011-, la causa en la que estuvo imputado el diputado electo de CC y todavía alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo.

Esta decisión, motivada en un auto del pasado 20 de mayo, se suma al archivo provisional, el pasado mes de abril, de la pieza separada que afectaba, precisamente, al regidor lagunero.

El auto de Sotomayor Soria coincidió en fecha con la solicitud del fiscal Jaime Serrano-Jover de que se anulasen las intervenciones telefónicas que tuvieron lugar entre el 21 de septiembre de 2010 y el 21 de octubre de 2010.

Es decir, que la Fiscalía y la juez que sustituyó a César Romero Pamparacuatro concluyen que la decisión de prorrogar las intervenciones sin existir un auto motivado "vulnera" los derechos fundamentales de los imputados.

Al considerar inconstitucional la prórroga, la juez sustituta expone que el resto de autorizaciones que se realizaron, de las que sí existe prueba documental, no se sostienen. "Ha de tenerse en cuenta que la ilegitimidad constitucional de la primera intervención afecta a las prórrogas y a las posteriores intervenciones ordenadas, hasta el punto de que las contamina irremediablemente", argumenta.

La anulación de casi nueve meses de escuchas telefónicas deja sin base gran parte de las imputaciones que pesaban sobre el abogado y empresario lagunero Evaristo González Reyes.

Pero no todas. La juez recuerda que durante la investigación, más allá de las informaciones aportadas por los pinchazos telefónicos, obran "numerosos informes policiales y prueba documental que permite sostener que Evaristo González ha podido cometer varios delitos en el ámbito patrimonial, contra el patrimonio y el orden socioeconómico (...) tales como falsedad documental y contra la administración de justicia".

Así, en el auto se recuerda que el empresario, que ya pasó varios meses en prisión por estos hechos en 2012, presuntamente "defraudó cantidades a la Seguridad Social mediante la creación de un entramado empresarial que tendría por objetivo la contratación de trabajadores que desde el punto de la dirección efectiva y control estarían bajo la órbita directa de Evaristo González Reyes".

"Prestarían efectivamente sus servicios en los centros de trabajo de su exclusiva propiedad, a la vez que se utilizan como instrumento de contratación laboral de carácter ficticia que produce un fraude" para la hacienda pública", añade el auto.