La Ley Canaria de Educación ha superado definitivamente la amenaza que se cernía sobre ella en forma de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). El Gobierno autonómico y el central han salvado las últimas diferencias que los separaban después de sus primeras y positivas reuniones, de forma que la primera norma educativa regional tiene vía libre para su desarrollo.

El consejero de Educación, José Miguel Pérez, sostuvo ayer que la ley "mantendrá la integridad de su articulado" tras aclararse las "discrepancias" sobre las competencias de las dos administraciones que había planteado el Estado.

El ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ya ha comunicado al presidente del TC que hay acuerdo. En este sentido, Pérez agradeció la "predisposición al diálogo" de su departamento, al tiempo que defendió que el Gobierno canario "se ha empleado a fondo" para "tratar de convencer" al Ejecutivo del PP de que la ley se ajusta a la Constitución y no incurre en ninguna invasión de competencias. "El recurso carecía de sentido", dijo.

"Esta ley nos sitúa en una etapa moderna en educación y respeta las directrices constitucionales", afirmó el consejero, quien anunció que a partir de este momento "puede producirse el desarrollo reglamentario" de la norma "sin sombra de amenaza".

Este último aspecto es clave para que la ley empiece a surtir efectos. El propio Pérez advirtió el pasado diciembre de que hay al menos 18 aspectos del texto legal que precisan de una regulación específica, en forma de decretos y órdenes.

La Administración General del Estado planteó inicialmente 17 objeciones a la ley autonómica, referidas a siete artículos y dos disposiciones adicionales. Canarias recibió estos reparos como "una revancha política" por su rechazo a la Lomce, la ley de Educación impulsada por el ministro José Ignacio Wert.

El proceso de negociación permitió resolver la mayor parte de las diferencias, entre ellas las centradas en la posibilidad de mejorar las retribuciones del profesorado mediante complementos, las medidas de estabilidad para los interinos mayores de 55 años o la colaboración de los docentes jubilados con los centros educativos.

Quedaban por aclarar las discrepancias en torno al concepto de ciclo en Educación Primaria, la ampliación del agrupamiento de asignaturas más allá del primer curso de ESO y la participación de la Comunidad Autónoma en las evaluaciones de diagnóstico.

Según José Miguel Pérez, al Gobierno regional solo le ha movido la intención de dotar al Archipiélago de "un instrumento jurídico que le permitiera superar con éxito los retos que tiene planteados". "Ahora queda despejado el camino para que Canarias pueda disponer, por fin, de un modelo educativo propio que atienda a sus singularidades", celebró el consejero.

Parar la Lomce hasta que haya un acuerdo

El diálogo que ha permitido evitar el recurso a la Ley Canaria de Educación no ha sido la tónica en la actuación del Gobierno del Partido Popular en esta legislatura, lamentó ayer el consejero regional de Educación, José Miguel Pérez.

El también vicepresidente del Ejecutivo autonómico hizo notar que la relación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central se encuentra ahora "en un momento muy diferente", por lo que cree necesario "abrir un marco de encuentro para revisar la andadura de la política educativa" de los últimos años.

Pérez insistió en que la Lomce se paralice hasta que se produzca ese diálogo, que es el único medio para lograr un acuerdo "como el que en Canarias dio lugar a la Ley de Educación".

Las objeciones a la norma autonómica responden, según el consejero, al "proceso de recentralización" que, a su juicio, ha emprendido el Partido Popular. "Este prejuicio contra las autonomías solo ha traído más problemas y perjuicios", afirmó Pérez.

Los resultados de las últimas elecciones determinan los cambios que se han producido en la relación entre las regiones y el Estado. La más que probable conformación de gobiernos autonómicos sin la presencia del PP hace augurar una reforzada oposición a la Lomce, una ley que la mayoría de los partidos políticos se han comprometido a derogar cuando puedan hacerlo.