José Hernández Gutiérrez, de 73 años y vecino de La Orotava, padece una apnea grave desde 2011, además de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), lo que le obliga a dormir con un respirador especial para evitar el riesgo de infarto.

"Cuando no respiro no se oxigena bien la sangre y el hidróxido de carbono se acumula y me puede producir un infarto. Por eso el Servicio Canario de Salud (SCS) me puso como tratamiento inhaladores y una máquina que lleva una máscara que se adhiere a la cara, bombea aire y que me obliga a respirar. Si no tuviera la máquina mi vida correría peligro", narra.

Sin embargo, en enero, tras regresar de un viaje a Inglaterra (de donde es su mujer y donde están sus hijos y nietos), le robaron la máquina en el aeropuerto.

"Presenté una denuncia en la policía, pero la concesionaria de este tipo de servicios para el SCS (Gasmedi) me dijo que no había sido un robo sino un hurto y que, además, yo no podía llevarme la máquina fuera de Canarias, salvo que pagara una fianza de 700 euros, por lo tanto, no lo cubría ningún seguro y tenía que pagar 930 euros por la pérdida de la máquina y no me darían otra hasta que abonara ese dinero. Estuve dos meses sin máquina, tratando de buscar alguna solución porque yo no tenía ese dinero. Mi médico se alarmó porque mi vida corría serio riesgo", explica Hernández, que asegura que "durante ese tiempo a Gasmedi y al SCS les importaba un pimiento el riesgo que yo estaba corriendo".

Desesperado, José escribió cartas y solicitudes a todas partes y empezó a negociar directamente con la adjudicataria del servicio que le ofreció pagar los 930 euros en tres meses.

"Yo les recordé que tenía la máquina desde hacía cuatro años, que no era nueva, y que no tenía dinero para esto y al final me ofertaron que pagara 750 euros en seis meses. Gracias a esta solución ahora vuelvo a tener respirador, pero durante dos meses mi vida estuvo en peligro sin que a nadie le importara", insiste.

A juicio de José Hernández, Sanidad debería exigirle a la empresa concesionaria que tenga un seguro para que cuando pasen casos de este tipo "los usuarios no se vean desamparados".

"Yo reclamé en todas partes y nunca nadie me hizo caso, ni la denuncia ni las cartas que envié al Servicio Canario de Salud sirvieron para nada, y si tengo la máquina es porque he negociado directamente con Gasmedi y he pagado, pero ¿cuántas personas se habrán quedado sin máquinas de este tipo sin que nadie lo sepa?", se pregunta.

Este tinerfeño asegura que la solución que ha conseguido "no es justa" porque considera la Consejería de Sanidad responsable de garantizar su salud, por lo que aspira a que le devuelvan los 750 euros que, según afirma "he tenido que gastar para preservar mi vida".

De todas maneras, ahora cuando viaja, José no se atreve a llevarse la máquina. "Pongo en riesgo mi vida, pero no podría volver a pagar este dineral", sentencia.