El Supremo ha anulado la inclusión dentro del Plan de Ordenación Territorial de la Actividad Turística de La Palma, conocido por PTE, de los cinco campos de golf (que se quedaron en cuatro) y media docena de proyectos turísticos, al estimar el recurso de casación interpuesto por Ben Magec, y declara la nulidad del Decreto 123/2008, que daba cobertura a las actuaciones ahora anuladas.
La sentencia no afecta a todo el PTE; es decir, hay actuaciones hoteleras en el documento que sí se pueden ejecutar al no incluirse en el decreto anulado sino que fueron aprobadas con anterioridad. Pero evidentemente sí lo "desnuda" al dejar sin efecto infraestructuras que se entienden claves para el desarrollo turístico de la Isla. El Supremo sentencia que el procedimiento seguido para dar validez a los campos de golf no fue el más adecuado, principalmente en lo que se refiere a la evaluación de impacto ambiental y su exposición pública.
Los ecologistas, sin embargo, consideran que el Tribunal Supremo "declara la nulidad radical del Plan Territorial Turístico de La Palma", aunque en realidad no afecta a las primeras actuaciones que estaban antes del Decreto 123/2008, que ya había sido declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero sólo al respecto de tres actuaciones con campos de golf en Los Llanos, Breña Alta y Barlovento.
Ben Magec defiende que el PTE ha demostrado "su ineficacia como instrumento de ordenación turística, sin que haya salido adelante ninguna de las actuaciones previstas", debido en gran medida a que "se dedicó a plasmar fantasiosas operaciones especulativas de carácter inmobiliario que poco tenían que ver con el turismo". Ahora, además, el PTE "revela definitivamente su inviabilidad jurídica, con demoledoras consecuencias sobre todos los instrumentos de ordenación que se han adaptado al mismo, como los planes generales municipales", avisan los ecologistas, para quienes "la inseguridad jurídica" del documento "ha contaminado toda la planificación general y territorial de La Palma".
Para las asociaciones denunciantes, la sentencia del Tribunal Supremo supone "un hito en la tarea de que La Palma tenga un desarrollo turístico diferente, basado en los valores ambientales de la Isla y no en su transformación artificial, que no repita modelos fracasados como las macro urbanizaciones asociadas a los campos de golf, o los grandes hoteles aislados que ocupan mucho territorio y sin embargo tienen escasos beneficios sociales y económicos para la población local".
Por su parte, el vicepresidente y consejero insular de Planificación, Carlos Cabrera, reconoció que la resolución judicial del Supremo "es un duro revés, sin ninguna duda, al Plan Turístico, al anular parte del mismo, y es un momento complejo y complicado. Los servicios jurídicos están analizando la sentencia y las soluciones que le vamos a dar a esta situación".
Tras recordar que el PTE no es responsabilidad del gobierno actual sino de Coalición Canaria, Cabrera dejó claro que "La Palma no puede quedar al margen del turismo. La Isla no se puede quedar sin estas u otras infraestructuras turísticas y tenemos que buscar los argumentos procedimentales adecuados para obtener ese desarrollo de una forma segura, plena, para que aquellos promotores que puedan estar interesados en invertir en la Isla se encuentren con las suficientes garantías jurídicas para ello".