Las dificultades económicas y burocráticas que supone contratar a cuidadores de ancianos o niños y el hecho de que suelan ser familiares o conocidos los que asumen esta tarea hacen que más de un millón de las personas que realizan este trabajo formen parte de la economía sumergida española.
Así se desprende del informe de The Family Watch, "El valor del cuidado en el hogar: reflexiones sobre la necesidad de conciliación entre trabajo y familia y la atención a la infancia", presentado ayer con motivo del Día Mundial de los Padres y de las Madres.
El trabajo alerta de las graves consecuencias de la falta de políticas que favorezcan la "verdadera conciliación trabajo-familia" y la corresponsabilidad de los progenitores y que hacen imposible que se mejoren las "preocupantes" cifras de natalidad en España, explicó la directora general de The Family Watch, María José Olesti.
El observatorio destaca cómo el acceso de la mujer al mercado laboral y los horarios de trabajo obligan a las familias a recurrir, cada vez con más frecuencia, a terceras personas para el cuidado de los niños y de las personas mayores.
Sin embargo, según la directora académica del proyecto e investigadora de la Universidad Internacional de Catalunya, Remei Agulles, una gran parte de las personas que se contratan para estas tareas "no están dentro de la economía formal".
En este sentido, el presidente de la Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP), Javier Benavente, denunció que en España hay más de un millón de personas que trabajan en la economía sumergida porque las familias no pueden asumir los costes económicos de sus contratos.
"La clave está en que esa disponibilidad de servicios sea accesible a las familias", insistió Benavente, quien reclamó que los precios que suponen la contratación legal de trabajadores para el cuidado de los niños y ancianos sean similares a los costes de la "economía informal".
Para ello, propuso promover la figura del autoemprendedor, que no tenga que tributar como autónomo hasta que no facture una cantidad determinada. También sugirió otras medidas encaminadas a que el coste de contratar legalmente a un cuidador no sea mayor que hacerlo dentro de forma irregular, tales como una cotización a la seguridad social "muy baja", que el IVA de la factura a las familias sea cero, y desgravaciones fiscales y del IRPF para las familias que contraten.
Benavente advirtió de que si no se toman medidas de este tipo, "es muy difícil que las familias puedan atender correctamente a los hijos y en igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer".
Sonsoles Vidal, abogada y miembro de la Red Virtual de Expertos en Violencia contra la Infancia, recalcó la importancia que tiene que los padres puedan pasar más tiempo con sus hijos como mejor medida para evitar la violencia juvenil que, en muchas ocasiones, "es fruto de pasar demasiadas horas solos en casa".