Guillermo García, que fuera todopoderoso director general de la Televisión Canaria, tendrá que declarar en los próximos días como imputado por malversación de dinero público, a cuenta de unos contratos suscritos nada más llegar a la tele -hace ahora ocho años- con Francisco Padrón y con su productora Amanecer Latino.

García firmó cinco contratos prácticamente idénticos, por un valor total superior al millón y medio de euros, con dicha productora. Los contratos establecían la producción de cinco series iguales, con entrevistas y reportajes a personas del mundo del deporte, que se pagaron a razón de 6.000 euros el episodio, y que -a pesar de las sucesivas requisitorias de la Comisión de Control Parlamentario- no se han localizado nunca en el ente.

De hecho, en las bodegas de TVC solo se conserva algún episodio concreto, de escasísima calidad (parece material bruto, sin editar, según empleados de la casa), y no existe constancia de que llegaran nunca a emitirse, aunque sí aparecieron en las parrillas de la madrugada, una hora poco dada a la emisión de programas pagados a precio de "prime time".

En relación con esta irregular contratación, se dan algunas circunstancias sospechosas. García nunca ha ocultado su amistad personal con Francisco Padrón, que le fichó para el mundo de la farándula radiofónica y fue su jefe cuando se especializaba como locutor. Otra circunstancia llamativa es que la contratación se produjo en un momento en el que Padrón, su televisión -Canal 7- y su empresa -Amanecer Latino- atravesaban serias dificultades económicas, entre otras cosas por impago de la deuda a la Seguridad Social. La policía investiga, de hecho, si la televisión pública pudo pagar directamente las deudas de Padrón.

Esta investigación, que no es la misma llevada a la Fiscalía por la diputada Águeda Montelongo, arrancó hace algo más de dos meses, después de que el Grupo de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife recibiera una denuncia anónima. La Policía decidió entonces interrogar a varios de los deportistas supuestamente entrevistados, y a algún profesional de la producción audiovisual que había realizado una pequeña parte del trabajo en bruto contratado, ajenos a la productora de Padrón, y acabó concluyendo que en todo el asunto había irregularidades manifiestas, y probablemente delito de tráfico de influencias y estafa.

Hace un par de meses, apenas dos días antes de que el Parlamento de Canarias votara por unanimidad la sustitución de García por Santiago Negrín, la Policía se presentó en la sede que el ente comparte con la Consejería de Turismo en Santa Cruz de Tenerife -lo que provocó alarma en Turismo-, y reclamó la presencia de García, que se encontraba en su domicilio y tuvo que acudir a toda velocidad y en su propia moto, pero no pudo entregar ni la documentación ni los vídeos que se le requerían.

En los próximos días, tanto Guillermo García como el propietario de Amanecer Latino, Francisco Padrón, serán citados como imputados e interrogados por la fiscal Anticorrupción, María Farnés, y por la magistrada titular del juzgado, María de Lorenzo Cáceres, para determinar algunas de las dudas que existen sobre esta colección de contratos: si las producciones se grabaron, si se emitieron en "prime time" y si lo que se pagó por ellas es lo que realmente costaban, o se primó a Padrón pagando un sobreprecio por un producto inservible.

La Televisión Canaria pagó 19.800 euros por cada entrevista realizada por Andrés Chaves

Antes de que Guillermo García abandonara el ente, en el mes de gracia que le dio Rivero retrasando la incorporación de su sucesor, Santiago Negrín, García repitió la misma operación realizada con Francisco Padrón con otras empresas y amigos. En un solo día, el lunes cinco de enero, firmó cinco contratos de producción por algo menos de 900.000 euros con tres productoras. Una sola de ellas giró a TVC ese día y de un solo golpe 820.000 euros, por tres producciones, entre otras, una serie de trece entrevistas a mujeres realizadas por el periodista Andrés Chaves, que facturó 19.800 euros por cada una. El Grupo de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife investiga también si estos últimos contratos están por encima del coste de producción real y cómo los cobró Andrés Chaves, ya que el periodista tiene varios embargos pendientes.

Enlazando contratos como este, García liquidó en los tres primeros meses de este año más del noventa por ciento de los recursos de producción propia de la Televisión Canaria, dejando al nuevo consejo rector sin dinero alguno para afrontar el resto del año.