Las juezas de Menores de Santa Cruz de Tenerife, Esther Cedrón y María Vega, tienen la misión de juzgar a los adolescentes de entre 14 y 18 años que cometen algún tipo de delito. Aseguran que la creación del segundo juzgado para atender estos casos en la capital tinerfeña ha sido fundamental para dar una respuesta más rápida ante las infracciones penales de los adolescentes. Así, en estos últimos cinco años se ha logrado reducir significativamente los tiempos de espera, pues desde que la Fiscalía finaliza la instrucción de un caso hasta la celebración del juicio apenas transcurre un mes y medio en estos momentos.

María Vega comenta que esa inmediatez en la respuesta judicial es positiva, porque el chico implicado es consciente de que "el castigo" se produce poco después del hecho delictivo y aún lo tiene en su memoria; "si no es así, se pierde el sentido educativo".

Ambas magistradas coinciden en que "la relación que tenemos con los menores es muy humana", porque los adolescentes reconocen que "se les castiga y que lo han hecho mal", pero "aceptan que tienen un problema y que hay que hacer algo". Y el éxito del proceso parte de que los chicos y chicas asuman esa realidad y muestren su intención de cambiar, según Cedrón y Vega.

Cada juzgado celebra juicios dos días a la semana y un tercero en caso de urgencia. Pero las dos juezas señalan que "hay atasco en la ejecución de la medida de condena". Vega y Cedrón aclaran que el actual "embudo" está en la Sección de Justicia Juvenil del Gobierno canario, puesto que, con el mismo personal, deben hacer frente a mayor volumen de trabajo en menos tiempo. La misión de este último departamento es hacer cumplir lo que resuelva cada juez de menores. Señalan que existe lista de espera y citan el ejemplo de un chico que lleva más de dos meses sin cumplir las medidas correctoras. Y "eso nos frustra mucho", precisan. Vega indica que "las buenas intenciones iniciales del menor se van diluyendo y muchas veces comete nuevos delitos" mientras espera para cumplir su pena. Las juezas explican que su tiempo de intervención para intentar reorientar a un adolescente es muy corto, "apenas cuatro años". Cada juzgado de menores tramita al año unos 450 expedientes, aunque un menor puede protagonizar varios de ellos. Según Vega, "tenemos muchísimas dificultades para ejecutar las medidas judiciales". Al Gobierno canario le corresponde poner el presupuesto y los medios materiales para dar cumplimiento a las sentencias y las listas de espera resultan injustificables, según Vega. Las juezas opinan que es esencial que exista una buena supervisión. Y recuerdan que el personal de Justicia Juvenil (profesores, psicólogos o pedagogos, por ejemplo) es muy profesional y está muy implicado, pero necesita más medios materiales y apoyo de personal administrativo.

La escalada delictiva entre los 14 y 18 años

En estas edades previas a los 18 años, las magistradas aprecian una "escalada delictiva". Los primeros delitos tienen que ver con pequeños hurtos en tiendas de centros comerciales, que configuran la mayoría de los procesos de menores. De ahí, los que deciden continuar delinquiendo pasan a robos con fuerza en el interior de coches y en locales comerciales. El tercer escalón en el fenómeno consiste en los asaltos a casas habitadas y robos con violencia en calles y espacios públicos (tirones para sustraer dinero, móviles y joyas, por este orden). Muchas de las víctimas, sobre todo en los casos de móviles y tabletas, son otros menores. En este apartado, se dan dos tipos de chicos. El primero está formado por aquellos adolescentes que cometen un delito puntual, o dos, y de ahí no pasan. Se trata de la mayoría de los que llegan a los juzgados. El segundo son los reincidentes, los que desarrollan toda la escalada ya citada y los que acaban en el centro de internamiento de Valle Tabares. Muchas veces, los hurtos y robos suelen cometerse en grupo. Actualmente, en el centro de medidas judiciales de Valle Tabares están internos 43 menores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La entrada directa en dicho recurso se produce por delitos muy graves y son muy pocos los casos que se registran anualmente de este tipo. Eso significa que la mayoría accede a ese recurso tras incumplir las medidas de "medio abierto", como puede ser, por ejemplo, la libertad vigilada (la más habitual), en la que un técnico elabora y supervisa un programa para lograr objetivos en las áreas personal y familiar; formativo-laboral y de ocio-tiempo libre. Pero la violencia empleada por los menores en la comisión de infracciones penales se ha reducido en los últimos años, según ambas juezas. Recuerdan que el último homicidio en el que estuvo implicado un adolescente como autor ocurrió en el año 2010, cuando un adolescente apuñaló mortalmente a un británico durante un robo en casa de la víctima, en Costa del Silencio, en el municipio de Arona.