La Policía está llevando a cabo hoy en la práctica totalidad de las provincias andaluzas la tercera fase de la operación Edu que investiga supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación, han informado fuentes policiales.
Según las fuentes, a lo largo de la jornada está previsto detener en las provincias de Granada, Jaén, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería a los directores jefes de servicio y a los jefes de departamento de las respectivas direcciones de Empleo de la Junta de Andalucía,
Asimismo, en Sevilla se espera arrestar a los administradores de empresas que han recibido subvenciones.
En Málaga, siete personas vinculadas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) han sido detenidas en el marco de esta investigación según han dicho fuentes cercanas al caso.
Entre estos detenidos están el exdelegado de Empleo de la Junta en Málaga Juan Carlos Lomeña, quien ya fue detenido por la Guardia Civil junto a otros exdirectivos políticos en otra operación policial llevada a cabo el pasado marzo en relación con este fraude.
Por otro lado, fuentes judiciales han informado de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tomará mañana declaración en calidad de imputados a dos personas de una misma empresa beneficiaria de subvenciones para los cursos de formación.
La tercera fase de la operación Edu la están desarrollando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
El pasado mes de febrero la policía activó la segunda fase de la Operación Edu, denominada Edu Costa, en la que se produjeron 31 detenidos, y que se desarrolló durante varios días principalmente en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería.
La mayoría de las personas a las que se les tomó declaración policial quedaron en libertad, unas con cargos y otras no.
En la investigación de Edu Costa, que afectó a 52 empresas por un fraude en los cursos de formación que asciende a tres millones de euros, había implicados cargos públicos municipales del PSOE y del PP.
Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones, al estar relacionadas con el control y concesión de las ayudas.
Antes de esta fase, en la primera parte de la investigación del caso Edu se detectaron, entre otras supuestas irregularidades, falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se les concedieron los fondos e incumplimiento en la contratación de alumnos o anomalías en los partes de asistencia.
Los agentes también determinaron en sus informes que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos.