El Juzgado Número 3 de Primera Instancia e Instrucción de Güímar comenzó ayer los interrogatorios de los 75 testigos citados en el marco del contencioso 424/2015 sobre la presunta contratación irregular de trabajadores en el Ayuntamiento de Candelaria. La primera en declarar fue Nazaret Díaz, concejal en funciones y edil electa por Coalición Canaria (CC). Ella denunció ante la Fiscalía la contratación del gerente municipal, Juan José Acosta de León, a raíz de un informe elaborado por el secretario de la corporación el 18 de noviembre de 2013 (Nazaret Díaz negocia actualmente un pacto con el partido del gobierno municipal actual, el PSOE).

Pero fue la intervención de Octavio Fernández ante la propia Fiscalía lo que motivó que el fiscal recabara los contratos de casi todo el personal adscrito al Ayuntamiento de Candelaria. El secretario presentó ante el Ministerio Fiscal un expediente en el que advertía de que la contratación del gerente municipal no se ajustaba a la legalidad porque no se realizó una convocatoria pública del órgano directivo Gerencia Municipal para su provisión ajustada a derecho, conforme a las bases que se aprobaran, ni tampoco se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para que su ocupación requiriera la condición de funcionario público de carrera, "por las funciones de autoridad que el Reglamento Orgánico le atribuye".

El fiscal y la jueza interrogaron ayer, también, a quien era la secretaria del Ayuntamiento de Candelaria en aquel momento, María Isabel Santos García. Tales interrogatorios se efectuaron en el despacho de su señoría. Asimismo, comparecieron los trabajadores citados para la primera jornada, de los cuáles solo interpelaron a uno.

Teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores implicados en este proceso como testigos, la jueza optó por establecer un nuevo calendario de comparecencias ampliándolo a casi dos meses, por lo que quienes debieron prestar declaración, tanto ayer como hoy y mañana, lo harán en otras fechas. Lo mismo ocurre con el alcalde y el concejal de Personal, José Gumersindo García y Francisco Pinto, quienes debían ser interrogados en calidad de imputados.

El primero, por haber firmado los contratos supuestamente irregulares al no haber superado los beneficiarios ningún proceso de selección reglada y pública, mientras que el segundo lo está por haber sido quien rubricó las renovaciones de los contratados.