El Cabildo de Tenerife decidió ayer, en Consejo de Gobierno, iniciar "averiguaciones directas" sobre dos personas vinculadas a Kiti Trans, la empresa adjudicataria del contrato de concesión de obra pública del Circuito del Motor.
Así lo informó la institución insular en un comunicado, después de que en los últimos días se haya hecho público que un reciente auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife recoge que Giuseppe Carta -representante de Kiti Trans-, su hijo y la pareja de este último tienen como "medio de vida" la descapitalización de empresas.
Concretamente, el juzgado santacrucero imputa tanto a Carta como a su socio, Jesús Guillermo González Soler, debido a presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes.
"El Consejo de Gobierno ha decidido hoy [por ayer] solicitar urgentemente información aclaratoria a la empresa adjudicataria y efectuar averiguaciones directas sobre la hipotética participación de las citadas personas en el proceso de adjudicación y pertenencia a la empresa adjudicataria, a los efectos que proceda en relación con la formalización de dicho contrato aún no perfeccionado", reza literalmente el último de los cuatro puntos del comunicado remitido en la tarde de ayer por el Cabildo.
Y es que la institución insular resalta al inicio del texto que el contrato, "si bien está adjudicado, aún no se ha perfeccionado, pues falta el requisito de la formalización, encontrándose en este momento dentro del plazo legal para ello".
Por su parte, el segundo punto plantea que la adjudicataria ha constituido garantía, "mediante contrato de caución", por una cuantía de 1,2 millones de euros correspondientes a la ejecución de las obras.
"A fecha de hoy no consta que los representantes o administradores de dicha sociedad adjudicataria hayan sido condenados por sentencia firme por la comisión de cualquiera de los delitos que, según la legislación aplicable, les impediría contratar con la Administración Pública", se expone a continuación.
Cabe indicar que, en 2013, Carta ya había estado involucrado en un caso en los corrales de Soo (Teguise), por supuestos delitos de falsedad documental y estafa, si bien aquella causa, según apuntaron semanas atrás fuentes oficiales del Cabildo de Tenerife, está sobreseída.