El complejo mapa electoral que depararon las urnas el pasado 24 de mayo en las Islas se retuerce y complica a cada hora y multiplica las incertidumbres a escasos cuatro días de la constitución de los ayuntamientos. La insistencia del alcalde en funciones de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de gobernar con mayoría absoluta y, por ende, de acercarse al PP tras las negativas de C''s e IU, así como el giro de CC en La Palma en pro de un pacto con los conservadores y de las reticencias o rechazo tajante de comités locales como los de Granadilla y el Puerto de la Cruz de pactar con el PSOE, se están convirtiendo en algo más que obstáculos, aunque el sector de CC partidario de los socialistas y buena parte del propio PSC creen posible incluso el pacto regional pese a que se den excepciones tan relevantes en esos sitios. Según fuentes de CC, Fernando Clavijo le está permitiendo a Bermúdez mantener públicamente su postura sin recular, pero no por eso renuncia a alcanzar el mayor acuerdo posible con el PSOE. De hecho, diversas fuentes señalan a El Día que Ana Oramas tiene línea directa con Ferraz y, en concreto, con Pedro Sánchez, empeñado en evitar que el PP entre en el Gobierno de Canarias y en cualquier comunidad donde haya opciones de pactos alternativos. La situación de Santa Cruz, sin embargo, complica mucho el tablero general que quiere esta parte de CC y el PSOE, pero no lo imposibilita. Es más, estas fuentes tienen claro que la postura de José Miguel Barragán de expedientar a cualquier díscolo que dificulte el pacto con el PSOE, como ha ocurrido con los 6 ediles de CC en Tuineje por forjar una alianza en contra de los socialistas, cuenta con el respaldo de Clavijo y la propia Oramas, aunque la cara la pone claramente Barragán. Los defensores de esta tesis sostienen que, de confirmarse este sábado el pacto CC-PP en Santa Cruz, acuerdo que ayer se daba por hecho, y más tras el nuevo respaldo al alcalde del comité local con presencia de Manuel Hermoso para que busque la mayor estabilidad posible, se le abrirá expediente a Bermúdez como gesto ante Ferraz. De esa forma, además, se podría aplacar a los socialistas que puedan tomar represalias en otras instituciones (La Laguna, Cabildo de Gran Canaria, donde el único consejero de CC ha pactado con el PSC y Nueva Canarias; Arona, Candelaria y municipios donde aún no está claro el panorama, como Icod, Tacoronte o La Victoria. En esta línea, y a diferencia de la convicción en el PSC de Santa Cruz de que un incumplimiento en la capital tinerfeña impediría el pretendido pacto en cascada con CC, aseguran que se puede dar el caso de que Ferraz y la ejecutiva regional permitan un acuerdo CC-PP en Santa Cruz si, al mismo, tiempo, no se pone en riesgo el Gobierno regional e instituciones como el Cabildo tinerfeño. La situación de La Palma es otro elemento desestabilizador. Clavijo siempre ha presentado casos como el de Breña Alta como claves en el tablero restante. Antonio Castro lleva tiempo apostando por el PP y, ayer, CC giró las negociaciones hacia los populares. En el PSC, por el contrario, se sigue confiando en que su candidato en Breña Alta renuncie al acta, se pacte el cabildo y se desbloquee esta isla. En tal caso, se recuerda que lo que puede ganar CC en la Isla Bonita lo puede perder en Fuerteventura (3 diputados), con lo que no le daría con ASG.
Ola de mociones de censura si cae la ley
Los partidos en Canarias, sobre todo los que más opciones tienen de gobernar en las diferentes instituciones aunque sea en minoría, contemplan un escenario muy inestable en este mandato si, como están apuntando expertos en Derecho Constitucional, como Santiago Pérez, la nueva ley electoral aprobada recientemente por la Comunidad acaba siendo recurrida y anulada por el Tribunal Constitucional. Esta norma, auspiciada por Francisco Hernández Spínola (PSC), ha sido permanentemente esgrimida en estas semanas de negociaciones como freno ante las tentaciones de muchos comités locales de CC y PSC de ir en contra de la consigna general de que ambos partidos cogobiernen en el mayor número de instituciones posible. Se les recuerda que, de aplicarse sus preceptos, y a excepción de los alcaldes, el resto de ediles perderían sus retribuciones públicas si sus formaciones los expedientan y expulsan. Esto podría frenar muchas posturas rebeldes, pero la situación se voltearía por completo si prosperan los recursos y si finalmente se derrumba una normativa a la que muchos juristas no le ven recorrido. En ese caso, en los distintos partidos se cree más que probable que se produzca desde entonces un maremoto de mociones de censura en muchos municipios y hasta en instituciones superiores, ya que la amenaza de expulsión tendría efectos mucho más llevaderos. Otra situación que puede ser relevante en el tablero regional o, cuanto menos, de la isla de Tenerife es el retraso (hasta el 3 de julio) de la constitución del Ayuntamiento de La Laguna por las dos mesas electorales impugnadas por el PP. Hasta entonces, y teniendo en cuenta qué pase en Santa Cruz y otros lares, todo seguirá muy abierto.