En el transcurso de una reunión mantenida durante la mañana de ayer por la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, y los vecinos de Bajo la Cuesta, la regidora comunicó a los afectados que el decreto para el desalojo de sus viviendas está firmado. Lo hizo el viernes de la semana pasada el ya exalcalde, José Gumersindo García.

Esta situación le fue facilitada por la Alcaldía a modo informativo, ya que los afectados tendrán que esperar a recibir la comunicación oficial por escrito, algo que podría producirse hoy o mañana. "Será entonces cuando nosotros tomemos las medidas legales que procedan", manifestó el portavoz de los vecinos y presidente de la asociación que los aglutina, Antonio Oliva.

El encuentro celebrado ayer se desarrolló en un ámbito de cordialidad "trasladándonos la alcaldesa su disposición a colaborar con nosotros a resolver este problema", si bien la solución pasa por aplicar medidas de seguridad en el talud.

Cabe recordar que el pasado día 7 fue cuando el exalcalde comunicó a los vecinos de Bajo la Cuesta la existencia de un informe externo (encargado por el Ayuntamiento de Candelaria y con un coste de 13.000 euros) en el que se ratifica la existencia de peligro de derrumbe en el talud situado sobre Bajo la Cuesta.

En una reunión celebrada en el barrio, el exalcalde les indicó que el decreto de desalojo lo recibirían al día siguiente, algo que no se produjo. "Sin embargo, sí lo firmó un día antes de dejar de ser alcalde y no lo comunicó", señalan. En cualquier caso, sostienen que nada ha cambiado y que abandonarán las viviendas cuando lo ordene el juez.

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Casi medio centenar

Bajo la Cuesta es un enclave de Candelaria que lo forman unas 50 viviendas construidas (casi todas ellas partiendo de una cueva) tanto en la calle Manuel Oliva Martín, la única del barrio, como en la zona conocida por Paseo de la Soga, situada más allá del tramo asfaltado. Su población está cifrada en torno a 150 personas.

El intento anterior

El 26 de febrero de 2010, recibieron la primera notificación de desalojo. El alcalde de entonces se basó en informes técnicos del Servicio de Costas de Tenerife y de los Servicios Técnicos del propio ayuntamiento. Al negarse los vecinos a abandonar sus casas, el tema fue puesto en manos del juzgado. La Dirección General de Costas ordenó el derribo del poblado en enero de 2008 por afección de la Ley de Costas.