La Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y los Recursos Naturales de Canarias no será recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TS) después del acuerdo alcanzado en la comisión bilateral que reúne a ambas administraciones.
Los cambios que ha introducido el Ejecutivo regional a través de otras normas -entre ellas la modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística y otras relativas a la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente- han sido claves para que el Gobierno del PP haya retirado sus objeciones.
El artículo que establece que "la falta de informes correctamente solicitados, incluso los que tengan carácter preceptivo y vinculante, no impedirá la continuación del procedimiento" para los planes insulares de ordenación y los planeamientos municipales ha tenido que ser modificado en el caso de que dichos instrumentos afectan a dominios o servicios públicos de titularidad estatal.
Entre los cambios figura el refuerzo de las evaluaciones ambientales para los planes parciales y especiales cuando no se ajusten a lo que determine el plan general que desarrollen. En estos casos las evaluaciones serán ordinarias -con un plazo de máximo de respuesta de 22 meses- y no simplificadas -que disponen de solo cuatro-.
La ley también se ha modificado para aclarar que los planes, programas y proyectos promovidos por el Estado quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley.
Comunidad Autónoma y Estado han acordado, asimismo, que la primera debe aplicar la sentencia del TC que determina que el censo de núcleos costeros de valor etnográfico, pintoresco o arquitectónico no puede supone un blindaje contra la Ley de Costas, sino que ha de tener un efecto "meramente informativo".