José Miguel Pérez, el primer consejero de Educación socialista desde el año 1993, abandonará su puesto en los próximos días para cederlo, de nuevo, a un miembro de Coalición Canaria. Así lo han decidido los socios de Gobierno -CC y PSOE- en el reparto de áreas de la nueva legislatura. Pérez se marcha dejando atrás algunos logros y medidas celebrados de forma unánime -los comedores escolares de verano, la ampliación de la oferta de FP, la reducción del abandono escolar-, pero también una sensación de decepción entre los representantes del profesorado, que deploran su falta de diálogo y solo salvan, aunque con matices, la aprobación de la Ley Canaria de Educación.

"Durante estos cuatro años se han reunido mucho la Mesa Sectorial y las comisiones técnicas, pero normalmente sin acuerdos, excepto en las medidas para la estabilidad de los interinos", expone José Ramón Barroso, de Comisiones Obreras.

Pedro Crespo, de ANPE, recuerda que Pérez se comprometió a consensuar las políticas que afectan a los docentes, aunque finalmente "optó por gobernar a golpe de Boletín Oficial y convirtiendo las reuniones en un trámite burocrático sin sentido".

Por su parte, Gerardo Rodríguez, del STEC, cree "de justicia" reconocer que el talante del equipo de Pérez es diferente al que exhibió su antecesora, Milagros Luis, pero se une a la queja de que las mesas sectoriales son "meramente informativas" y se llega a ellas "con las decisiones tomadas".

Los sindicatos comparten el discurso beligerante del consejero frente a la Lomce. El problema, advierten, es que solo es eso: un discurso. La "imposición" de asignaturas al calor de la polémica ley nacional, sin negociación o conversaciones previas, molesta mucho a las organizaciones.

A juicio de Barroso, la Administración regional "no ha puesto ningún freno a la Lomce". Crespo lamenta que la introducción de nuevas materias haya perjudicado a "muchos docentes", en especial los de Religión, mientras que Rodríguez destaca que, pese a que toda la comunidad educativa ha rechazado la ley, Canarias la aplica "a rajatabla".

Los sindicatos critican que no se haya abordado, pese a que está recogida en la Ley Canaria de Educación, una mejora retributiva para los profesores, por lo que persiste lo que ANPE describe como la "discriminación laboral" de los trabajadores de las Islas respecto a los de otras comunidades autónomas. Canarias es la única región en la que no se perciben sexenios u otros complementos salariales similares.

El portavoz del STEC se refiere a los tres primeros años de legislatura como un periodo marcado por los recortes, que se habían iniciado antes y que se acentuaron para "incidir en todos los centros educativos". Entonces desaparecieron medidas como la acogida temprana, se redujeron otras como los refuerzos y crecieron las ratios hasta situarse "a la cabeza del Estado".

La falta de medios también ha supuesto, según CCOO, que se haya "consolidado la burocratización de los centros". "Los equipos directivos se tienen que implicar hasta un nivel supremo en la realización de informes, lo que entorpece lo verdaderamente esencial: el proceso de enseñanza y aprendizaje", asegura José Ramón Barroso. El "uso abusivo de horas extras" en la Formación Profesional para cubrir los ciclos a distancia es, añade, otra consecuencia de la falta de recursos.

Pese a celebrar las medidas para la estabilidad de los interinos, los representantes de los docentes se quejan de que no se haya abordado, como se prometió, una reforma de la normativa que regula las listas de empleo.

La ley educativa es saludada como un logro de la legislatura, aunque en diferentes grados. El STEC admite que, aunque no es la norma que hubiese hecho, "tiene muchos aspectos positivos" y urge a desarrollarla "ya". Para CCOO, "no está mal, aunque lo importante es cómo se ejecute, y hasta ahora no se ha hecho".

Los primeros dos años de la etapa de José Miguel Pérez al frente de la Consejería de Educación fueron años "perdidos" para las asociaciones de padres de alumnos. Así opina Eusebio Dorta, presidente de la federación que agrupa a las familias en Tenerife (Fitapa), que recuerda que "los inicios fueron difíciles".

Los recortes que ya habían sufrido las Ampas durante la legislatura anterior se agudizaron en los primeros momentos de la que ahora termina. Confederaciones, federaciones y asociaciones se quedaron sin subvenciones.

"Nos tuvimos que reinventar, que asumir el pago de los seguros para las actividades, ayudas para los libros, proyectos en común... Cada hueco que dejaba la Administración lo hemos ido llenando", relata Dorta.

Tras este complicado comienzo, las cosas fueron mejorando. Según el presidente de Fitapa, "se empezó a tomar a las familias como una parte importante de la comunidad educativa". "Entonces salieron cosas buenas", reconoce. Fueron los momentos en que se empezó a trabajar en el pacto por la educación y en que se fraguó la ley educativa autonómica.

A diferencia de los sindicatos, Dorta cree que Canarias ha hecho una "aplicación inteligente" de la Lomce, al tiempo que resalta el papel que ha tomado el Consejo Escolar de Canarias.