El fallecimiento de un bebé en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) hace poco más de dos años -tras esperar cinco días para ser derivada a Madrid para ser operada de una cardiopatía congénita- conmocionó a la opinión pública canaria, puesto que la muerte coincidió con el anuncio del Gobierno de Canarias de desmantelar primero, y reorganizar después, la Unidad de Cardiopatías Congénitas de referencia para las Islas, ubicada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.
Dos años después, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha reactivado la investigación que comenzó después de que la familia del bebé que murió (Ziyao Li), la Asociación Corazón y Vida y la Plataforma Tricontinental de Cardiopatías Congénitas presentaran una denuncia contra la Consejería de Sanidad como responsable de un posible delito de omisión del socorro.
En concreto, la magistrada instructora, tras examinar la documentación y los informes remitidos por el Servicio Canario de Salud, ha ordenado que se localice a los testigos principales de la acusación y que, hasta ahora, no han podido declarar por esta jubilados o incluso fuera de España.
Se trata del que fuera jefe de Cardiología Pediátrica del Hospital grancanario Materno Infantil, Pedro Suárez; el cirujano especialista en cardiopatías congénitas, Gabriel Iacona, y Rafael González, jefe de Cuidados Intensivos Pediátricos del Materno Infantil.
Sanidad mantiene que, en el caso de Ziyao, en ningún momento se acordó su traslado al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, en donde se ubica la Unidad de Cardiopatía Infantil, sino que desde el principio se barajó la necesidad de llevar a la niña al Hospital La Paz de Madrid, dado que la patología que presentaba era muy grave y a que, además, existía un convenio de colaboración. Sin embargo, el traslado nunca pudo realizarse debido a las inclemencias meteorológicas y a que la niña no estaba lo suficientemente estable.
Además, insiste en que el Hospital Materno Infantil no estaba adecuadamente preparado para tratar este caso.
Con estos informes el fiscal pidió el sobreseimiento provisional hasta tanto en cuanto se realizaran más pruebas que determinasen si existe responsabilidad penal de los equipos médicos y/o de la Consejería y su dirección.
Pero la acusación particular mantiene que sí que se avisó a los médicos del servicio del Materno Infantil y que, además, ellos mismos lo podrán corroborar si son llamados a declarar por el tribunal e incluso pone en duda si el mal tiempo realmente existió y era tan contrario como para no realizar ese viaje que podría resultar vital.
Asimismo mantiene que el Materno Infantil sí que estaba preparado para atender a la pequeña porque los propios profesionales médicos consideran que a la niña se la podría estabilizar con una técnica denominada Bading pulmonar para, a posteriori, operarla de su cardiopatía o bien en dicho centro o en La Paz.
Por todo ello, el abogado de los padres del bebé ha impugnado los informes aportados por la Consejería de Sanidad a la jueza y ha solicitado que continúe la investigación y se tenga en cuenta el testimonio de testigos claves, hecho que la magistrada ha aceptado.
De esta manera se continúa con la instrucción, pese a que, de momento, todas las pruebas que hay en las diligencias son favorables a que Sanidad actuó bien y a que la fiscalía ha pedido el sobreseimiento si no se aportan nuevas pruebas para mantener la acusación como, por ejemplo, la declaración de los tres testigos anteriormente nombrados.
En su momento, los tres declararon públicamente (y a las dos asociaciones personadas en esta causa) que estudiaron el historial clínico de la niña cuando esta llegó al Hunsc y que recomendaron el traslado a Gran Canaria y que se hiciera el Banding pulmonar, además de que además estuvieron presentes en las reuniones con Sanidad en las que se habló del caso.
Sin embargo, el jefe de Cardiología del Hospital La Paz de Madrid mantiene otra versión y también ha asegurado que era una operación muy compleja y que el traslado a la Península era la única opción para la menor.
Una vez que se produzcan las declaraciones de Iacona, Suárez y González (de los que buena parte de los implicados en este caso tienen la dirección y el teléfono móvil para facilitárselos al Juzgado si así lo cree oportuno), el Ministerio Fiscal tendrá que decidir si opta por revisar su posicionamiento inicial y considerar que sí puede haber hechos delictivos por parte de los profesionales y responsables máximos de la Consejería de Sanidad y, por lo tanto, pedir que se abra juicio oral o si pide el archivo definitivo.
La acusación particular considera que concurren varios tipos de delitos que van desde la omisión de socorro hasta fallecimiento imprudente y desde el principio ha manifestado que llevará el asunto a juicio, "cueste lo que cueste", por expreso deseo de la familia de la pequeña.
Los abogados de la defensa consideran que la Consejería de Sanidad no cometió ningún delito y piden el cierre del caso.
Mientras se aclara la situación judicial, la familia Li -afincada en el sur de Tenerife- asegura que no desistirán hasta que se aclare el fallecimiento de Ziyao y recuerdan que, cuando la niña de 18 días enfermó nadie les informó sobre la gravedad de su estado ni conocieron el motivo real del fallecimiento, que, por otra parte, aseguran todavía desconocer.