El investigador Raúl del Pozo asegura en un estudio que el copago en dependencia, como consecuencia del Real Decreto 20/2012, supuso un ahorro para el Estado de 3.000 millones de euros, aunque también un incremento de un 20% de los hogares en riesgo de pobreza.
Estas cifras se recogen en una investigación premiada en las Jornadas de Economía de la Salud, que se han celebrado esta semana en Granada, informaron ayer sus organizadores.
Según los datos sobre su aplicación, recopilados por Del Pozo, profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de Castilla-La Mancha, los cambios en el método de copago en la atención a la dependencia permitieron ahorrar a las administraciones entre 2.000 y 3.000 millones de euros.
El experto explicó que el Real Decreto 20/2012 del Gobierno central que estableció distintas medidas de control del gasto sanitario y la resolución del 13 de julio de 2012 supusieron, en la práctica, una "modificación estructural" de la Ley de Dependencia.
Entre las medidas se incluyó una nueva definición del copago, que implica el pago por parte de los usuarios de los servicios, por medio de la cual el coste de las prestaciones ascendió en aproximadamente un 50%, lo que representa entre un 30% y un 70% de los ingresos de los hogares.
La consecuencia de esta medida fue un ahorro económico tanto para el Estado como para los gobiernos autonómicos que Del Pozo, a partir de los primeros datos disponibles, cifra entre 2.000 y 3.000 millones de euros.
La medida también tuvo como consecuencia un incremento en el empobrecimiento de las familias de entre un 17% y un 20%, como consecuencia del impacto sobre sus ingresos de los gastos que tuvieron que asumir a partir de entonces.
Antes de este modelo de copago en la dependencia las familias españolas en riesgo de empobrecimiento estaban en un 40% y después se elevaron hasta aproximadamente un 65%, en un incremento que se relaciona directamente con el aumento de los costes por la dependencia.