Aparte de las 8 páginas del pacto firmado ayer, el programa de gobierno de CC y PSOE consta de otras 90 muy detalladas que, sin duda, serán desgranadas con lupa en los próximos días, alabadas y criticadas al máximo. En una primera lectura, sobresale el hecho de que, en el primer bloque, se incluyen las políticas de crecimiento económico y las condiciones para crear empleo, que se asume como el principal problema de las Islas.

El énfasis en lo económico queda patente ya desde el nombre que se le ha dado al acuerdo: "Pacto por el crecimiento y el progreso social y económico de Canarias". En un análisis previo de este apartado, ambos partidos reconocen que, para paliar el desempleo, hay un problema estructural más profundo que "limita el correcto funcionamiento de la economía a largo plazo: nuestro inadecuado modelo económico".

A partir de esta premisa, y con la financiación autonómica también como gran prioridad, el programa deja claro que se necesita políticas integrales que vinculen a todas las áreas del gobierno. Para ello, se intentará revitalizar el Plan Integral de Empleo, se potenciarán las titulaciones superiores, con especial énfasis en las "segundas oportunidades" a los que dejaron sus estudios atrás, se apostará por el empleo fijo y se evaluarán con asiduidad las políticas activas de empleo y sus resultados.

Asimismo, se ampliará la estrategia de formación y empleo hasta 2020, se apostará por la concertación social, la integración laboral, los colectivos más desfavorecidos, los jóvenes, el llamado empleo social, la emprendeduría y lo que se conoce como flexiseguridad laboral, consistente en organizar el trabajo según necesidades de producción y de conciliación laboral, personal y familiar.

Para el cambio de modelo, tienen claro que el peso del turismo y de la construcción seguirá siendo clave, sobre todo en la rehabilitación y reposición de viviendas públicas. Sin embargo, consideran que ha llegado el momento de apostar por el capital humano, los intangibles y la innovación. En este sentido, se apunta una reducción del IRPF de forma progresiva a personas de familias con rentas bajas que realicen estudios superiores, ayudas para la contratación de personal de alta cualificación, apoyo a la formación de las plantillas, refuerzo de los centros de investigación, de la economía del conocimiento y de la seguridad jurídica de las deducciones de la I+D+I.