Los vecinos de Bajo la Cuesta presentaron ante el Ayuntamiento de Candelaria el recurso de reposición contra el decreto número 2282 que ordena el desalojo de sus viviendas. El plazo voluntario otorgado expirará mañana. Sin embargo, los afectados alegan que el expediente está caducado "al haber transcurrido con notable exceso el plazo máximo para su tramitación".

La legislación establece que ese plazo será de tres meses, entendiendo los vecinos que, en este caso, comenzó a contar el 26 de febrero de 2010, fecha "en la que ya se adoptó una primera decisión sobre el desalojo". Este argumento lo defiende el abogado de los afectados señalando que "ni siquiera existe la providencia de incoación" del expediente actual.

Que el Ayuntamiento de Candelaria "necesite invertir bastante más de cinco años para la tramitación de un expediente de esta naturaleza y que, con arreglo a la ley, debería haber quedado resuelto y notificado a los interesados a los tres meses de su incoación, resulta, por tanto, desajustado a derecho por razones que van más allá de las puras formalidades de la naturaleza del expediente".

En lo que califican como un procedimiento administrativo, "nos encontramos ante una decisión que bien pudiéramos calificar de desahucio exprés, previamente a la cual no se ha dado ninguna oportunidad a los interesados de participar en la elaboración y decisión".

Los vecinos no pierden la oportunidad de criticar la actuación del exalcalde. "Desde el punto de vista técnico jurídico, resulta ininteligible y, desde el punto de vista democrático, inaceptable que el ya exalcalde de Candelaria, José Gumersindo García Trujillo, haya podido tener el atrevimiento de tramitar un expediente administrativo cuya resolución iba a afectar gravísimamente a los vecinos de Bajo La Cuesta en secreto, sin dar a los interesados la menor oportunidad como ya se ha adelantado de conocer la incoación ni el contenido del procedimiento".

El decreto de desalojo de estas viviendas se basa en un informe externo encargado por el gobierno local anterior en el que se advierte de riesgo de derrumbe desde el talud que se encuentra entre un tramo de la autopista del Sur y el poblado de Bajo la Cuesta. Los vecinos no desalojarán.