La alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, está decidida a solicitar la autorización judicial para entrar en los domicilios de Bajo la Cuesta para la ejecución forzosa de la orden de desalojo de las viviendas del barrio, afectado por la posible caída de bloques rocosos y el riesgo de desprendimientos y deslizamientos por avalancha del talud.
Previamente, en el caso de que los propietarios, moradores y vecinos no abandonen el lugar en el periodo voluntario, el gobierno municipal deberá notificar otro decreto solicitando a los afectados "su debido consentimiento para entrar en sus domicilios y proceder a la ejecución forzosa del desalojo", explicó la alcaldesa.
La Policía Local de Candelaria verificará, a partir de mañana, el cumplimiento o no del periodo voluntario de desalojo por parte de la población de Bajo la Cuesta. Si bien la mayoría de los vecinos recibieron la notificación el miércoles pasado, hubo algunos que lo recogieron en días posteriores. Por tanto, estos están aún en el plazo legal de cinco días concedidos para abandonar sus viviendas por sí mismos.
Mari Brito aseguró ayer que "volveré a contactar con los vecinos" a fin de "poner a su disposición lo que necesiten del ayuntamiento" teniendo en cuenta que "no he obtenido respuesta alguna" al compromiso adquirido durante la reunión que celebraron ambas partes el pasado día 9.
La regidora aseguró que en ese encuentro, en el que ella les hizo saber que el exalcalde había firmado el decreto durante el último día en el cargo, la representación de los afectados recibió el encargo de informar al gobierno local de las necesidades de la población para atender las consecuencias de esta situación. Con ello, además, se trata de cumplir uno de los puntos contenidos en el documento oficial notificado a los vecinos.
En el mismo, se indica que el ayuntamiento "prestará toda la colaboración en materia de alojamientos provisionales a los afectados en función de la capacidad económica de cada uno y de los recursos municipales existentes".
Asimismo, Mari Brito adelantó que "estamos elaborando los documentos que trasladaremos al Gobierno de Canarias y al Cabildo para determinar qué actuación se llevará a cabo en el talud" a fin de asegurar el mismo y evitar los desprendimientos y deslizamientos que se advierten en el informe geológico y geotécnico.
"De momento, no tenemos plazo previsto para materializar el desalojo de Bajo la Cuesta", aseguró la alcaldesa, quien espera "que no haya otro Cho Vito ahí", teniendo en cuenta, asimismo, "que la situación de Bajo la Cuesta no tiene nada que ver con la de Cho Vito". Al respecto, recordó que en el caso del poblado ya eliminado existían sentencias firmes, mientras que con la intervención que se está planteando en esta ocasión "se trata de dar seguridad a la población".