La política canaria se asienta desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en un sistema muy complejo de equilibrios y contrapoderes, algunos recogidos en las leyes y normas que regulan el funcionamiento de nuestras instituciones -la "triple paridad" en el sistema electoral, por ejemplo-, y otros que no están recogidos en ningún lado, pero que tienen su importancia. Uno, de enorme peso político en su momento, fue el de la alternancia en el poder entre Tenerife y Gran Canaria. Algunos creen que se trata de una reivindicación grancanaria, pero fue más bien un diseño de Manuel Hermoso, que fue imprescindible para construir Coalición Canaria, y que -con la sustitución de Adán Martín por Paulino Rivero en la presidencia regional- cerró cualquier posibilidad de entendimiento futuro con los escindidos de Nueva Canarias, consolidando la brecha que hoy persiste en el nacionalismo moderado en las islas. Otro mecanismo de salvaguardia es el reparto de la Presidencia y la vicepresidencia del Gobierno entre diputados de las dos islas capitalinas. Hasta ayer no se rompió nunca esa regla, que algunos llegaron a creer era letra del Estatuto. Y no lo es. El Estatuto establece que la sede de Presidencia y vicepresidencia es alternante entre Tenerife y Gran Canaria, pero no dice nada sobre quién debe ocupar los cargos. Basta con que el presidente resida durante su mandato en una isla y el vicepresidente lo haga en la otra.

La coincidencia de dos diputados tinerfeños, Fernando Clavijo y Patricia Hernández, como presidente y vicepresidenta del Gobierno, y la práctica desaparición de Coalición Canaria de las instituciones grancanarias, ha reabierto ese debate sobre la proporcionalidad en una isla -Gran Canaria- en la que en los últimos cuatro años el insularismo ha perdido los complejos. No solo por el isloteñismo de Bravo de Laguna tras su ruptura política con el PP, sino también por el aumento de peso de Nueva Canarias, una fuerza política nacionalista de base grancanaria que no acaba de desprenderse de discursos localistas.

La respuesta a las críticas por parte del Pacto de Gobierno ha sido elegir a Carolina Darias presidenta del Parlamento. A la espera de una interpretación de los equilibrios que emanen de la formación del propio Gobierno, se trata sin duda de una decisión acertada. No solo por lo que la señora Darias representa en Gran Canaria y en el PSOE grancanario, también porque -acostumbrados a los tradicionales equilibrios territoriales- se nos ha olvidado que en materia de género el cincuenta y poco por ciento de la población de Canarias -las mujeres- nunca había alcanzado la presidencia del Parlamento. La elección de Darias mata así dos pájaros de un tiro: equilibrio territorial y normalización. Tendría que hacerlo doña Carolina rematadamente mal (ojo, el Parlamento es difícil de llevar) para no ser recordada en el futuro como una buena presidenta.