El laboratorio de ideas Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Capte) propone a los grupos políticos una serie de cuestiones que, en su opinión, deberían ser una prioridad para todos los partidos y, por tanto, formar parte a corto plazo de las acciones legislativas y de gobierno de las instituciones públicas canarias tras la constitución de las corporaciones locales y ante el inicio de la IX legislatura regional.
Este centro de ideas considera que es "ampliamente" compartido que el modelo de planeamiento y gestión del territorio constituye el principal cuello de botella para el desarrollo de Canarias al ser el soporte físico de gran parte de la actividad socioeconómica de las Islas. Recuerda que el sistema de planeamiento de Canarias tiene ya 60 años y lamenta que mediante diferentes revisiones ha reforzado hasta "límites de fatiga". En los últimos 15 años, afirma, "ha estado injertándose con iniciativas inconexas" y sucesivas adaptaciones a las dos leyes cabeceras: el texto refundido de las Leyes de Ordenación Territorial y la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo y más recientemente con la promulgación la Ley de Armonización y Simplificación del Sistema de Planeamiento, lo que dio por resultado un modelo "rígido, burocratizado, ineficiente y sobre todo inmanejable".
La situación originó una "fuerte" conflictividad y judicialización del planeamiento que lastra el PIB regional al frustrar "severamente" las inversiones, proyecta una imagen negativa de Canarias en el exterior al ser considerada un destino de "alto riesgo" para las inversiones, y las dos capitales regionales han necesitado más de 15 años para dotarse de una ordenación urbanística "aún no plenamente pacífica". Los centros de mayor generación del PIB -los municipios turísticos de Arona, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Adeje- se debaten desde hace 20 años para culminar su ordenación sin éxito y en el caso de Arona debe empezar desde cero al anularse recientemente el Plan General por los tribunales de justicia.
El propio Gobierno de Canarias "se ha visto abocado a recurrir a procedimientos de tramitación excepcionales" para superar las dificultades burocráticas de los "procedimientos ordinarios" y conseguir sacar adelante las iniciativas públicas con incidencia territorial.
Capte apunta que los planes insulares vigentes están concebidos con modelos pensados para dar respuestas "coercitivas" a una "deriva expansionista" de la economía que hace ocho años "quedó atrás", por lo que se encuentran desfasados y urge a actualizarlos con "racionalidad".
La primera de las cuestiones que plantea es la necesidad de un pacto institucional porque una de las "principales" causas de que se haya llegado a la situación actual ha sido la "poca" coordinación entre las administraciones -incluyendo factores políticos, técnicos y económicos-, para hacer efectivo el mandato legal de cooperación y coordinación interadministrativa e integración de las políticas de las áreas con competencias territoriales.
También debería incluirse un pacto institucional que permita a los municipios acelerar la adaptación y aprobación de sus PGO, así como habilitar los recursos a la gestión "eficaz" del urbanismo y la ordenación del territorio.
La segunda propuesta es racionalizar el marco legislativo y reglamentario del planeamiento y ordenación del territorio en Canarias. Capte califica como "ampliamente" compartida la opinión de las "limitadas" capacidades de la reciente Ley de Armonización y Simplificación del Sistema de Planeamiento para cumplir con sus objetivos básicos, por lo que resulta "perentorio" su revisión para alcanzar, al menos, la asignación de competencias basada en el principio de subsidiariedad y mayor proximidad al ciudadano, así como redefinir el papel de la Cotmac, establecer plazos para la aprobación de los PGO en no más de una legislatura y descargarlos de contenido "innecesario".
Además, plantea la figura del planeamiento continuo para contemplar las revisiones que supongan cambios sustanciales del modelo y la gestión integrada de la tramitación urbanística y medioambiental, recuperando el espíritu y buena parte del contenido del decreto de Contenido Ambiental, de manera que se recupere el concepto europeo de Evaluación Ambiental considerándola como un medio para evitar minimizar eventuales impactos ambientales no deseables y habilitar el procedimiento para el uso racional de los suelos no especialmente protegidos.
La tercera propuesta es implantar medidas orientadas a reducir la incidencia de la judicialización del planeamiento para afrontar la "patológica" judialización de los planeamientos, por lo que busca corregir la situación recuperando la prolongación de la vía administrativa de los procedimientos a fin de resolver en este ámbito las eventuales disfunciones de carácter ordinario. También plantea poner en valor y maximizar el uso, "hasta lo técnicamente posible" para la estabilidad de los sistemas insulares, de los principales recursos naturales con los que cuenta: viento y sol para la generación de energía eléctrica.
Por ello, la cuarta medida es la diversificación del mix energético, lo que incluye agilizar y simplificar la Administración porque "no se puede mantener un sistema que tarda 15 años en instalar nuevas plantas eólicas o más de 10 años en definir emplazamientos para una nueva central en Fuerteventura". En esta línea, aboga por dotar de estabilidad y seguridad jurídica la actividad, promover el uso racional de la energía, promover una mayor penetración de las energías renovables en Canarias, reconsiderar la normativa nacional que penaliza en Canarias el autoconsumo o en balance neto, garantizar el acceso a combustibles más eficientes y económicos, impulsar el almacenamiento de energía eléctrica y ejecutar conexiones eléctricas interinsulares.
La quinta idea es actualizar los aspectos económicos del REF y su anclaje en el bloque constitucional. El gabinete estratégico cree que el próximo gobierno regional debe fortalecer el equipo de trabajo para afrontar la negociación con el Gobierno central, así como elaborar un texto articulado que refleje las cuestiones tratadas y realizar estudios para cuantificar el gasto necesario para el cumplimiento de la Ley del REF.
El sexto planteamiento es la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y desbloqueo de las inversiones. Capte considera que debe ser una prioridad del nuevo Gobierno "desenredar la maraña" normativa y administrativa y garantizar la seguridad jurídica para las inversiones turísticas paralizadas por el bloqueo económico. A corto plazo plantea derogar la clasificación discrecional de las inversiones prioritarias y la expropiación de establecimientos turísticos "a discreción y sin indemnización". En un año, sugiere derogar "todas las moratorias, leyes y decretos turísticos" unificando en un solo texto la legislación sectorial.
La séptima medida es favorecer la competitividad, modernización de la oferta turística y calidad del servicio. Plantea la rehabilitación de la planta alojativa a corto plazo con la eliminación de las trabas que la frenan y a medio plazo crear un marco jurídico "estable" para acometer las reformas con agilidad.
Esta propuesta incluye, a su vez, la construcción de nueva oferta alojativa, la rehabilitación de las infraestructuras turísticas, la creación de nueva oferta complementaria, el mantenimiento y potenciación de los consorcios de rehabilitación, no aumentar la carga impositiva sobre el sector turístico, implantar ciclos de formación profesional más adaptados a las necesidades del mercado, y definir estrategias para la conservación a largo plazo de la disposición al servicio (lo que incluye aspectos como la amabilidad y la hospitalidad).
Esto requiere apostar por la transición de Canarias hacia la sociedad del conocimiento sobre los pilares de la educación y formación "a todos los niveles y con el nuevo paradigma emergente", así como la apuesta por un "ecosistema regional de innovación", disponer de infraestructuras TIC e impulsar una buena gobernanza que la incentive.
La octava idea es reforzar la educación y la formación. Este pilar "básico" para el desarrollo de Canarias requiere un pacto social con participación de la comunidad educativa, acelerar el desarrollo e implantación de la Ley de Educación no Universitaria de 25 de julio de 2014, cumplir con los objetivos de Educación y Formación de Europa 2020 (EyF) y cumplir las recomendaciones del Programa PISA que el Gobierno canario encargó a la OCDE en 2009.
El noveno planteamietno es promover el ecosistema regional de innovación porque favorecer una cultura de innovación "es el secreto para el desarrollo social y económico de Canarias". Para lograrlo, aboga por lanzar el Plan de Innovación Canarias 2015-2020.
Por último, la décima medida es implantar el buen gobierno, una normativa pertinente e incentivos adecuados, lo que implica legislar "mejor" y "solo" en lo "absolutamente" necesario, apostar por la gobernanza basada en la participación, legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso, eficacia, eficiencia y coherencia, simplificar los procedimientos, garantizar la trasparencia en la Administración, el control "eficaz" de las cuentas y resultados, contar con los distintos actores regionales, insulares o urbanos e impulsar el proceso de modernización de las administraciones en Canarias.