Cuando la gran crisis económica del siglo aterrizó en nuestro país, se empezaron a cerrar empresas y a destruir empleos. El paro que hundió a Zapatero y que Mariano Rajoy había prometido erradicar se disparó hasta superar los cinco millones de personas. Y los impuestos que prometió bajar subieron. Menos consumo, menos trabajo y más impuestos. ¿Qué pasó mientras tanto en el sector público? Durante los primeros años de la crisis el empleo en las distintas administraciones no solo no descendió, sino que se incrementó en casi 300.000 personas. En contra de toda lógica y contrariando el sentido común, ayuntamientos y comunidades autónomas protagonizaron un repunte de las contrataciones, que se dispararon el año anterior a la convocatoria de elecciones. Luego llegó Rajoy y su proyecto reformista, que, entre otras grandes líneas, anunciaba un cambio profundo de la administración. No lo hizo.
Ahora, el mercado de trabajo ha dejado de destruir empleo y empieza a crecer tímidamente el número de contrataciones, bien que en trabajos escasamente remunerados y de corta duración. Eso dicen los datos. Pero para demostrar que lo público es una cosa rara, un mundo aparte, las administraciones públicas han vuelto a protagonizar a comienzos de este año una espectacular recuperación del empleo. En los tres primeros meses de 2015 se ha multiplicado por cuatro el empleo público creado en todo el año pasado: 29.200 nuevos trabajadores han sido contratados por las distintas administraciones. Algo tendrá que ver que estemos en año electoral, un periodo en donde la política funciona como agencia de colocaciones.
Al contrario que las pequeñas empresas españolas, que se asfixian sin créditos y con deudas incobrables (muchas de ellas con la propia administración), el sector público español no tiene problemas para pagar esos 160.000 millones en salarios de los que las comunidades autónomas se llevan la parte del león. A pesar de los recortes y las rebajas, los trabajadores de las administraciones españolas tienen de media un salario un 20% superior a los que se perciben en el sector privado. Aunque si nos comparamos con otros mercados europeos, unos y otros -salarios públicos y privados- están entre los más bajos de los países más importantes de la Unión Europea. También en eso estamos a la cola.
Uno de los saldos más negativos de esta crisis es que saldremos de ella sin haber reformado para bien las administración española. Gastamos más que antes en servicios públicos (aunque ligeramente por debajo de la media europea), pero la función pública está ausente de criterios de eficacia y evaluaciones de productividad. Hay miles de enchufados que indignan a los propios funcionarios. Lo poco que gastamos lo hacemos mal. Tenemos más grasa que músculo. Seguimos con una intacta burocracia que parasita el esfuerzo fiscal de la clase trabajadora y los casi tres millones de pequeños empresarios y autónomos, que son los que pagan en este país los platos rotos. El Gobierno de Rajoy no ha querido ni mirar hacia esa reforma. Sólo hay que examinar el incremento del acceso al empleo público antes de las convocatorias electorales para saber por qué.
Por lo que respecta a Canarias, tenemos una administración mal distribuida, con competencias triplicadas y confusas. Tenemos 280.000 empresas, quince mil menos que hace siete años. De todas ellas 71.000 no tienen empleados y 63.000 tienen menos de nueve trabajadores. Y más de cien mil de esas empresas se mueven en el sector servicios. Como el turismo va bien (13.000 millones de negocio este año pasado), el grueso de la actividad en las islas se ha salvado de la quema. Es el vaso medio lleno.
El vaso medio vacío es que con nuestro mejor sector productivo funcionando viento en popa tenemos una de las mayores tasas de paro de Europa, los sueldos a la cola del Estado y unas tasas de pobreza que asustan. Nosotros no saldremos de la crisis. Es mentira. Nuestro problema no son los ciclos económicos (que padecemos todos), sino una colonización parasitaria del turismo por capitales externos, nuestra enfermiza dependencia de las subvenciones y el diseño de una fiscalidad inadecuada para el comercio y los servicios turísticos. El grueso del turismo está en manos ajenas, nuestra industria es mínima y nuestra agricultura agoniza.
Nada ha cambiado. No ha habido grandes reformas, sino grandes discursos.