Investigadores de la Guardia Civil llevaron a cabo en Santa Cruz de Tenerife una nueva fase de la "operación Perceval", mediante la cual procedió a la detención de un gestor inmobiliario y a la imputación de numerosos clientes que recurrían a la organización criminal ahora desmantelada en busca de modificaciones catastrales irregulares a cambio de una contraprestación económica.
Estas nuevas actuaciones fueron el resultado del análisis de la abundante documentación intervenida en los registros realizados en junio del pasado año, donde fueron detenidas tres personas.
Dichos arrestados son un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, un antiguo trabajador de una notaría, y un gestor inmobiliario, como presuntos autores de delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias, asimismo fue imputada otra persona, que, igualmente, es funcionaria del Catastro.
La investigación se inició al tener conocimiento la Guardia Civil de la existencia de una organización criminal que contaba con algún funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, que en connivencia con un antiguo trabajador de una notaría y un gestor inmobiliario, emitían resoluciones y certificaciones catastrales de forma irregular, favoreciendo los intereses de terceras personas, que utilizaban posteriormente la documentación para alterar la titularidad de parcelas, modificar superficies y trazado de las mismas, e inscribir estas de forma irregular en el Registro de la Propiedad o la reducción del pago por impuestos de bienes inmuebles, entre otras cosas.
La organización criminal desarticulada contaba con una clientela de profesionales relacionados con la gestión inmobiliaria y catastral, que acudían a ellos en busca tanto de una celeridad como de la viabilidad de gestiones, que la Gerencia del Catastro de Santa Cruz de Tenerife u otras administraciones con competencias en la materia no podían ofrecer, al realizar los trámites con sujeción al procedimiento administrativo, a la legislación reguladora de la materia y en defensa del interés general y de terceros afectados.
De este modo, gestiones que se podían dilatar en el tiempo durante meses y que habrían resultado gratuitas por el cauce ordinario, eran conseguidas en un solo día a cambio de una contraprestación económica y sin necesidad de aportar la documentación requerida por los cauces legales.
La operación, dirigida inicialmente por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Cristóbal de La Laguna, recayó finalmente en el Juzgado de Instrucción número uno de Santa Cruz de Tenerife, cuya titular está dirigiendo las nuevas investigaciones, según trascendió ayer.
La UCO y Policía Judicial de Tenerife
La investigación sobre las graves irregularidades detectadas ha sido realizada por miembros del Grupo de Delitos Contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por la Unidad de Policía Judicial del mismo Cuerpo de Santa Cruz de Tenerife, contando con la estrecha colaboración de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.