El Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha dado carpetazo a las diligencias penales incoadas a raíz de una denuncia presentada por IR-Verdes, tras la riada que, en febrero de 2010, ocasionó cuantiosos daños materiales en dos edificios y el desalojo de 32 familias de Tabaiba Baja, en la costa de El Rosario.

Un auto del pasado 12 de junio al que ha tenido acceso este periódico establece que "conforme a todos los informes periciales obrantes en las actuaciones y, fundamentalmente, el judicial, las lluvias acaecidas el 1 de febrero de 2010 fueron de tal envergadura que eran imprevisibles, e incluso previstas no hubieran podido ser evitadas".

Curiosamente, uno de los informes periciales encargado por el citado juzgado y elaborado por el perito Pablo Oramas García-Machiñena concluía que el caudal de agua que llegó a esta parte del litoral de El Rosario fue de 16,33 metros cúbicos por segundo y que, por las inadecuadas infraestructuras, se produjeron los daños.

Escolástico Gil, actual alcalde de El Rosario y denunciante en ese momento de los hechos, acusaba al Consistorio rosariero y al Consejo Insular de Aguas (CIA) de, por un lado, no tener el encauzamiento del barranco en condiciones para albergar un caudal de agua de tremendas dimensiones, y, por otro, de no informar desfavorablemente de las obras de drenaje del tercer carril de la autopista TF-1.

Sobre este asunto, José Antonio Estévez, líder del PSOE en el Ayuntamiento rosariero, celebró ayer que la juez María de los Ángeles Zabala Sanz haya archivado las diligencias penales y subrayó que, paradójicamente, ahora gobiernan en el ayuntamiento las personas que lo denunciaron.

"Hemos vivido años de judicialización política por parte de los que ahora gobiernan el municipio, pero no verán ese tipo de actuaciones en nosotros. Somos un equipo que, día a día, tiene un fin: dialogar y buscar soluciones a los problemas y no denunciar en los juzgados", remarcó.

Por su parte, el regidor municipal y portavoz de IR-Verdes reconoció estar "sorprendido" por el archivo de la causa cuando aún faltaban declaraciones de imputados, y advirtió de que el problema "sigue existiendo".

También indicó que hace falta un compromiso de las instituciones para poner fin al problema del polígono de La Campana, origen de toda la problemática, y recordó que la Fiscalía en su denuncia apreciaba indicios de delito, lo que motivó que el consistorio invirtiera un millón de euros para mejorar las canalizaciones.