La tasa de paro en España tardará al menos 8 años, hasta 2023, en situarse en torno al 17 %, según un informe de Asempleo, que para llegar a esta cifra contempla un escenario que mantenga la misma intensidad en la creación de puestos de trabajo que la registrada en los tres últimos trimestres de 2014.

El estudio plantea como "imprescindible" abordar la situación insostenible de colectivos en riesgo de exclusión, como los parados de larga duración (61 % del total de desempleados) a riesgo de "comprometer el ritmo de la recuperación económica".

También entiende como colectivos en riesgo a los menores de 25 años desempleados, con una tasa de paro superior al 51 %; y a los parados mayores de 45 años, el 33 % del total.

En este sentido, Asempleo propone la modernización de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) y un cambio de modelo de colaboración público-privada en materia de empleo.

Así, plantea a las agencias privadas de empleo como los operadores "más cualificados y con mayor capacidad de actuación", para colaborar con los servicios de empleo, potenciando su alcance.

En el caso de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), el informe sostiene que se está desaprovechando su capacidad de inserción en el mercado de trabajo "como trampolín hacia el empleo indefinido".

Las ETT cuentan con 800 oficinas en España, 5.600 profesionales al frente y un volumen de contrataciones que superó en 2014 los 2,6 millones de contratos.

Sin embargo, asegura el informe, sólo el 2,3 % de la colaboración público-privada, en materia de empleo, fue gestionada el pasado año por las ETT.

El estudio afirma que el modelo de colaboración público-privada implantado en España tiene un "notable retraso" respecto al resto de la UE, con una dotación de 65 millones sobre un total de más de 4.000 millones destinados a políticas activas de empleo.

En esta línea, el informe se decanta por que haya una segmentación o clasificación de las agencias para lograr mayor empleabilidad e introducir más exigencias en la capacidad, recursos y cualificación de las mismas.

También pide que se considere el número y la calidad de las colocaciones realizadas por las agencias con anterioridad.

Además, el informe quiere que el SEPE ponga en marcha los itinerarios personales de inserción, que contemplen "diagnósticos individuales" de las necesidades de cada demandante de empleo.

Estos programas deberán contemplar orientación profesional adecuada y un plan activo en la búsqueda de empleo, que incluya la inmersión en experiencias laborales.

Este planteamiento se deriva, según recoge el informe, de recomendaciones específicas de la Comisión Europea que sostiene que España debe aplicar rápidamente medidas que incluyan, entre otros asuntos, la modernización de los servicios públicos de empleo.

Según estas recomendaciones, se trata de garantizar la aplicación eficaz de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los servicios de colocación.

Asempleo ha trasladado al Gobierno la necesidad de acometer esta reforma urgente del modelo de agencias de colocación y del marco de colaboración público-privada para lograr resultados más favorables en el mercado laboral.