Juan José Martínez (1968), licenciado en Económicas y Empresariales, es el nuevo concejal de Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Asegura que se ha encontrado un gran equipo de profesionales en estas áreas, con los que va ser fácil implementar mejoras y ser más eficientes.

¿Van a bajar los impuestos?

En la medida que el escenario lo propicie vamos a continuar en la senda de la rebaja de la presión fiscal . Siempre orientada a las medidas que están más vinculadas con la generación económica y siempre con un principio de progresividad fiscal, para que esa reducción impositiva afecte en mayor medida a la gente con menores niveles de renta.

Ponga un ejemplo de medidas vinculadas a la generación económica.

La eliminación de la tasa para mesas y sillas en instalaciones vinculadas a la hostelería. Eso tiene un impacto directo sobre la actividad económica. Está implicando que restaurantes y negocios del sector puedan contratar porque ahora tienen una disponibilidad mayor por ese uso del espacio público.

¿Piensan en algo innovador en materia de impuestos?

Estamos trabajando sobre algunas medidas que pueden ser bastante innovadoras para que quienes menos recursos tengan aporten proporcionalmente menos. Hay algunas tasas que se establecen de forma uniforme y queremos buscar fórmulas que nos permitan introducir en algunos de los elementos recaudatarios el nivel de renta del ciudadano. Como en la tasa de basura, por ejemplo.

¿Cómo está la deuda del ayuntamiento?

El consistorio tiene alrededor de un tercio de la máxima permitida. Es una situación privilegiada. De las cuatro grandes ciudades de Canarias, La Laguna, Telde, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz es la que tiene menor deuda de todas. El equipo de Alberto Bernabé ha hecho una labor importante de sanear el Ayuntamiento y ponerlo en unas condiciones óptimas para que se convierta en un motor de la economía municipal, en el sentido de poder movilizar recursos a la inversión pública. Estamos en condiciones de poder establecer un marco de inversión anual de unos 23 o 26 millones de euros anuales. El ayuntamiento con sus propios recursos va a ser capaz de generar en inversión. Va a ser tractor de la economía municipal y nos vamos a orientar a aquellas inversiones que tengan un retorno no solo en términos económicos sino también en términos de beneficios sociales, otro de los grandes ejes de nuestra campaña electoral. Eso supone que estamos hablando de entorno a cien millones de euros de inversión en el mandato. Esperamos que se vean acompañados de inversiones en mayor o menor grado comprometidas por el Cabildo y el Gobierno de Canarias de otros cien millones de euros en el conjunto del mandato. Entre los recursos propios y los de otras administraciones esperamos que ronden los 200 millones de euros en cuatro años. Sin contar la inversión la privada. Porque todo esto tendrá un aspecto multiplicador en la capacidad de atraer inversiones privadas al municipio.

¿Cuáles son esas inversiones en beneficios sociales?

Pueden ser obras que faciliten la actividad económica, que dinamicen una zona comercial, por ejemplo. También pueden ser obras que supongan la contribución de un centro dedicado a actividades ciudadanas o de las UTS.

¿Van a seguir reduciendo la deuda?

Sí. En la medida que somos capaces de generar ingresos y siendo más eficientes. Uno de los ejemplos que ya está dando sus frutos es el cambio de modelo de la recaudación. Con la prestación directa con funcionarios del servicio de recaudación se ha conseguido hacerlo a un coste unos tres millones de euros inferior. A parte se ha incrementado en cinco puntos la recaudación efectiva. El beneficio en términos de eficiencia (reducción de costes e incremento de ingresos con el nuevo modelo de recaudación) han sido cuatro millones y medio de euros. El esfuerzo en ser más eficientes y el cambio de ciclo económico nos permite ir reduciendo progresivamente el peso de la deuda en el presupuesto del Ayuntamiento, que en cualquier caso no es el problema. Además, de reducir la carga impositiva sobre el ciudadano e incrementar de forma notable la capacidad inversora. Esto que parece la cuadratura del círculo estamos en condiciones de poder implementarlo en este mandato.

Pero el ayuntamiento va a tener que pagar los salarios de tramitación de los trabajadores de la recaudación voluntaria.

Ello supondría unos costes anuales, según los cálculos que nos han hecho, de medio millón de euros, muy por debajo de los cuatro millones y medio que en un año ya ha generado el cambio de modelo. Suponiendo el peor de los escenarios, en el que el recurso del ayuntamiento no prosperara.