La Villa de Garafía es el municipio rural por excelencia de La Palma. Un territorio disperso, en el que conviven apenas 1.621 habitantes y donde el sector primario es el sustento de vida de un importante número de vecinos. Partiendo de esa descripción, ¿cuántos políticos se necesitan a sueldo para gestionar los servicios municipales? ¿Más que médicos tiene el pueblo? ¿Más que policías locales? Pues sí, más que todo eso. Al menos es lo que entienden los diferentes partidos que han "tocado" el ejecutivo municipal.

Coalición Canaria y Nueva Canarias firmaron un pacto y en el último pleno decidieron las retribuciones de sus concejales. Entre ambos partidos suman cinco ediles y todos, sí todos, tienen un sueldo que sale del erario público. Es cierto que el alcalde, Martín Taño, es el único que lo cobra de otra administración, al ser profesor en un instituto, pero con su liberación se convierte, a la postre, en un político al que pagan los ciudadanos.

La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local intentó "de aquella manera" reducir el gasto en políticos de los ayuntamientos. Estableció, por ejemplo, que en los municipios de entre 1.000 y 2.000 habitantes tan solo podía haber un concejal liberado, entendiendo que era una cifra suficiente para la población. Sin embargo, se "olvidaron" de regular las liberaciones parciales y ya se sabe el que hizo la ley hizo la trampa.

En el pacto entre NC y CC había, según el acuerdo, que poner nómina al líder local del partido de Román Rodríguez. Y así se hizo. Argelio Hernández tiene una liberación del 90%, para no incumplir la ley, con un sueldo bruto de 2.180 al mes en 14 pagas idénticas; es decir, más de 30.000 al año.

Martín Taño y Argelio Hernández no quisieron dejar sin nada al resto de sus concejales y a los otros tres que forman el gobierno, Borja Rodríguez, Rocío Rocha e Izaila Hernández tiene una liberación parcial del 75%, percibiendo 14 pagas cada uno de ellos de 1.430 euros brutos al mes. La realidad es que están dentro de la legalidad, a pesar de que no se cumpla el espíritu para el que se elaboró la ley de racionalización.

Lo curioso, quizás no tanto, es que Garafía se han acostumbrado a tener grupos de gobierno excesivamente caros para su población. Es más, NC y CC no incrementan el gasto. La pasada legislatura el ayuntamiento llegó a gastarse 96.000 euros anuales en nóminas de cinco concejales. Para ser justos, hay que destacar que en 2012, cuando las instituciones más estaban notando la crisis, el anterior alcalde, Yeray Rodríguez, decidió durante un tiempo pasar de cobrar 1.200 euros netos (1.500 brutos) que era su sueldo al mes, a percibir los 641,40 euros que marcaba el salario mínimo interprofesional para el año 2012, a razón de 21,38 euros por día laboral. Además, dos de los ediles dejaron de cobrar del ayuntamiento. Y sí, durante ese tiempo de sueldos bajos y menos ediles con retribución, el pueblo siguió funcionando igual. Exactamente igual.