Aunque la nueva legislatura -la novena- traerá retos económicos propios, muchos de los problemas que el próximo ejecutivo regional tiene que afrontar son viejos conocidos para los dos partidos que reeditan el pacto de gobierno -CC y PSOE-, y hasta para los que ejercieron el poder antes.

El repunte económico de la región -al menos de las grandes cifras- forzará el cambio de políticas -y de argumentos- de cara a la confección de los próximos presupuestos canarios, cuya elaboración debería comenzar este mismo mes. La actualidad también impone la negociación del REF económico, un asunto ya consensuado en Canarias durante la octava legislatura, pero que quedó pendiente de debatir con el Estado.

De resto, los grandes asuntos que están sobre la mesa son, con matices, temas pendientes que había recibido en herencia el Ejecutivo de Paulino Rivero y que traspasará al de Fernando Clavijo.

La creación de empleo es el primer asunto. La consejera de Empleo en funciones, Francisca Luengo, defiende el éxito de las actuales políticas activas de empleo, pero el programa electoral de su propio partido deja claro la intención de los suyos de revisar su funcionamiento. Además, deja al siguiente equipo la VI Concertación Social de Canarias, que no logró cerrar bajo su gestión.

El consejero de Economía y Hacienda en funciones, Javier González Ortiz, remarcaba en abril la necesidad de impulsar un debate con el Estado sobre la financiación económica -que según el propio Ejecutivo regional, resta 800 millones cada año a la región-.

Además, insistió en la necesidad de lograr, por fin, que el Estado cumpla con la inversión media en las Islas -un asunto polémico, por otra parte, porque según el partido al que se le pregunte, esto se cumple ya, o no-. Pensaba en concreto en el cumplimiento del convenio de carreteras, al que el Gobierno de Mariano Rajoy dio carpetazo con el argumento de la falta de dinero "que sí lo hay para otras áreas y otras autonomías", criticó.

En lo turístico, el secretario de Organización de CC, José Miguel Ruano, ya comprometió al próximo gobierno a modificar el decreto sobre el alquiler vacacional, asunto que surgió al final de esta misma legislatura tras publicar la norma con la "sorpresa" -según la plataforma que promovió la regulación, la Ascav- de prohibir la actividad en las zonas turísticas. La patronal hotelera tinerfeña (Ashotel) anunció que se opondrá a esa rectificación, si llega a concretarse.

Otro asunto turístico que encenderá el ambiente será la elaboración del decreto que regulará la Ley de Renovación y Modernización Turística sobre los parámetros necesarios para la construcción de nuevos establecimientos, un asunto que ha mantenido en pie de guerra a las administraciones y empresarios de Gran Canaria con el Ejecutivo autonómico.

Otros temas pendientes

El Gobierno de Rivero terminó por hacer suyas las críticas de los sindicatos sobre la escasa -y mala calidad- del empleo turístico pese al buen ciclo que atraviesa la actividad desde hace cuatro años y por ello, demandó a los empresarios que contrataran más. Está por ver si Clavijo mantiene su postura.

El fomento de las energías renovables es de esas metas que se incluyen una y otra vez en programas electorales, planes oficiales y discursos. No solo quedan bien en toda ocasión, sino que no acaban de arrancar -solo el 7% de la electricidad canaria se genera así pese a las reiteradas buenas intenciones-.

El consejero de Transportes en funciones, Domingo Berriel, dio por perdida la batalla con el Ejecutivo central para acabar con los "abusivos" precios de los billetes aéreos y el mal servicio de las aerolíneas, un asunto vital para una región tan dependiente del turismo.

El sector primario, lamentaba en marzo el consejero en funciones, Juan Ramón Hernández, tiene que afrontar el creciente envejecimiento del campo, que amenaza su continuidad y, en general, el retroceso de la actividad en las Islas.