Cuando se cumplen cuatro meses de la eliminación definitiva de las tasas judiciales a las personas físicas, el Ministerio de Justicia ha cuantificado en casi 19 millones de euros (18.928.000) el dinero recaudado por esta vía en las juzgados del Archipiélago.
En concreto, desde su entrada en vigor en diciembre del año 2012, el Estado ingresó 94.000 euros ese mismo mes, más 9,8 millones durante 2013, otros 8,5 en 2014 y 511.000 euros en enero y febrero de este mismo año, según consta en una respuesta por escrito del Ministerio al diputado nacional socialista Miguel Ángel Heredia del pasado 30 de junio.
Según detalla el viceconsejero de Justicia en funciones del Gobierno de Canarias, Pedro Herrera, "el dinero que se recaudó en el Archipiélago fue directamente a las arcas estatales, a la hacienda pública del Estado, y en la administración de Justicia de las Islas no ha repercutido de ninguna manera, puesto que no ha habido ninguna mejora".
"Lo que se pretende hacer es una distribución de un pequeño crédito de seis millones de euros entre las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia y a Canarias le tocan 347.594 euros que, además, para poder recibirlos, se deberá tramitar un convenio con el Estado que se está redactando y emplear esos fondos en la mejora de la administración de Justicia.
De esta manera a Canarias le tocaría un 5,8% de los seis millones a repartir y esa distribución se ha determinado teniendo en cuenta el número de expedientes de asistencia jurídica gratuita, la población, la planta judicial y la litigiosidad.
Además, los 347.594 euros suponen un 1,8% de lo que se recaudó en las Islas a través de las tasas. Una cifra simbólica si se tiene en cuenta que solo en asistencia jurídica gratuita se invierten más 16 millones de euros y que el presupuesto de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias asciende a 120 millones de euros.
"Con ese dinero dará para comprar algunas impresoras y fotocopiadoras para reponer material obsoleto, no da para nada más", admite Pedro Herrera.
Las tasas judiciales se eliminaron casi por sorpresa y a través de un decreto ley al poco de salir del ministerio Alberto Ruiz Gallardón.
"Nosotros, desde que se publicó en diciembre de 2012 la ley de tasas judiciales, mantuvimos la postura de estar en contra porque mermaba de forma clara y evidente el derecho a la tutela judicial efectiva y sobre todo al ciudadano medio, al que se le impedía optar a la asistencia jurídica gratuita pero al que también se le impedía afrontar las tasas judiciales por su alto coste", detalla el viceconsejero canario de Justicia.
No obstante, cabe aclarar que la ley de tasas no ha desaparecido en su totalidad, ya que se mantiene para las personas jurídicas, solo se ha eliminado para las personas físicas.
"Aquí se sigue produciendo un agravio sobre todo para aquellas sociedades formadas por pequeños o medianos empresarios que suelen trabajar en el ámbito mercantil, es decir, la pequeña y mediana empresa. Por qué se han mantenido unas tasas sí y otras no lo desconocemos. Nosotros lo que entendemos es que lo que hay que hacer es evitar la litigiosidad innecesaria, pero que todas las personas, físicas o jurídicas, tengan acceso a la tutela judicial jurídica. Si se establecen tasas, en cualquier caso deberían ser para la segunda instancia y siempre teniendo en cuenta la capacidad económica de la persona", aclara Herrera.