Ante el anuncio público de la alcaldesa de Candelaria de que procederá al cierre de la única calle de Bajo la Cuesta, los vecinos advierten de que incurriría en un supuesto "fraude de ley". Lo explican argumentando que "de esta manera no se produce una violación directa del artículo 18 (derechos fundamentales y de las libertades públicas) de la Constitución, pero sí su vaciado de contenido". Eso se produciría porque "para poder entrar en sus casas y ejercer un derecho fundamental de la persona, como es el derecho al domicilio, los vecinos se verán obligados a desobedecer la prohibición, por lo que es previsible que lluevan las denuncias por desacato".

Así lo reflejan en la denuncia que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción por supuesta prevaricación y falsedad en documento oficial presuntamente cometidos por autoridades y funcionarios en expedientes de Bajo la Cuesta.

Sobre este barrio existe un decreto de desalojo desde el pasado 12 de junio, firmado por el exalcalde, José Gumersindo García, durante su último día en el cargo. La causa es el peligro de derrumbe que, supuestamente, registra el talud situado a la espalda de las casas del barrio, algo que se refleja en un estudio geomorfológico encargado a una empresa particular (ICinco) por el Ayuntamiento de Candelaria.

"El desalojo no solo es indefinido, hasta que se asegure el acantilado", sino que "es definitivo, puesto que, según ICinco, el presupuesto para su óptimo aseguramiento es de 1.600.000 euros y no parece que ninguna administración pública vaya a hacerse cargo de ese coste".

A juicio del abogado de los vecinos, José Ortega, "nos encontramos con una decisión extremadamente violenta y, en apariencia, disimulada en forma de orden de desalojo temporal". En la denuncia, expone a la Fiscalía Anticorrupción que "se trata de un nuevo engaño, o, si se quiere, de un nuevo fraude de una alcaldesa a la que parece ser que le satisface la antidemocrática forma en la que su antecesor trató la cuestión".

Los vecinos de Bajo la Cuesta indican en el documento que la denuncia "no se presenta contra persona determinada, pero se pide a la Fiscalía que use de su autoridad para investigar y, si de ello resultara la comisión de delito, formular querella".