El edil de IUC-LV en Granadilla de Abona, Félix Hernández, asegura que cumplirá el código ético de Izquierda Unida y no cobrará más de tres veces el salario mínimo por presidir el Consejo de Participación Ciudadana y Transparencia, creado por el gobierno del PSOE y remunerado con un salario bruto anual de 38.668 euros. Hernández se compromete a donar a fines sociales unos 800 euros de su salario, la diferencia entre el sueldo máximo que permite IU y el aprobado en el pleno para su nuevo cargo.

Izquierda Unida Canaria en Granadilla asegura en un comunicado que "en relación a la polémica surgida en torno al salario que el concejal va a percibir por dicho trabajo -2.762 euros brutos mensuales en 14 pagas-, propuesto por la corporación, IUC quiere dejar claro que se guiará por su código ético, según el cual los concejales no pueden cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional. Por tanto, la cantidad final quedará en torno a 1.945 euros brutos mensuales, destinándose el resto a proyectos concretos de políticas sociales".

IUC en Granadilla añade que "para dar ejemplo de transparencia", se compromete a hacer públicos "todos y cada uno de los ingresos económicos que se reciban desde el ayuntamiento, tanto para la organización como para el concejal".

El partido mantiene su postura de "no entrar en el gobierno del PSOE, ni tampoco apoyar a ninguno de los otros grupos políticos del pleno".

"La posición de IUC dentro del pleno es bastante incómoda, al no ser posible pactar ni apoyar al actual grupo de gobierno, especialmente por las imputaciones que algunos de sus miembros tienen pendientes, ni a la supuesta alternativa, que sería una coalición de derechas (CC-PP)", subrayan.

IUC también recalca que la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Transparencia, asumida el pasado 2 de julio por el concejal Félix Hernández, "está dentro de las funciones legalmente establecidas para un concejal de la oposición, y que en ningún caso conlleva la entrada en el gobierno. Además, a través de ese consejo, no solo se impulsará la participación ciudadana, sino también la fiscalización del gobierno, especialmente en las áreas sociales, educativas y de igualdad".