Hace apenas dos días que Soledad Monzón fue nombrada por Fernando Clavijo consejera de Educación del Gobierno de Canarias, pero los sindicatos de la enseñanza ya esperan a la majorera con un ramillete de reivindicaciones con las que esperan cubrir algunos de los vacíos que, según los representantes del profesorado, dejó la gestión de su antecesor.
Las organizaciones sindicales piden a la consejera de Coalición Canaria -partido que recupera esta área después del paréntesis que supuso a una etapa nacionalista de casi veinte años- que retome el diálogo, alivie a los docentes de tareas burocráticas, refuerce la Formación Profesional con más plazas presenciales, profundice en la apuesta por el bilingüismo y reduzca el número de alumnos por grupo, entre otras demandas.
"Una negociación real es imprescindible si se quiere avanzar en educación", opina José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Pedro Crespo, de ANPE, le secunda: "La Mesa Sectorial no ha funcionado en estos años como un espacio para el debate y la toma de decisiones pactadas entre sindicatos y Administración".
Ambas organizaciones coinciden también en el exceso de tareas burocráticas que deben desarrollar los profesores. "Se ha convertido casi en un administrativo que, además, ejerce la vocación para la que se formó", lamenta Crespo, en tanto que Barroso recuerda que la plantilla docente ha descendido, por lo que ahora debe atender a más estudiantes y, además, ocuparse de estas tareas.
Sobre la pérdida de efectivos se pronuncia asimismo José Ángel Amador, de Insucan-Docentes de Canarias, que cifra en alrededor de 150 la caída en la cifra de maestros este año. Propine que se reduzcan las ratios de alumnos por trabajador o se contrate profesorado de apoyo, y ambas cosas a un tiempo si fuera posible.
Amador cree imprescindible articular un "plan de estabilidad y consolidación" para los interinos -el recientemente acordado es "insuficiente", sostiene- y, solo después, la convocatoria de una oferta pública de empleo "similar" a las plazas que dejan vacantes los jubilados cada año.
En cuanto a la FP, tanto CCOO como ANPE hacen hincapié en la necesidad de reemplazar las plazas a distancia, una modalidad que consideran inadecuada para estas enseñanzas, por plazas presenciales. Amador habla de crear 5.000 más a través de "una auténtica red de centros integrados" y Barroso sugiere la conveniencia de dar un "vuelco" a la oferta.
Ambas organizaciones también exigen que el número de horas lectivas semanales del profesorado de Secundaria vuelva a situarse en las 18 horas después de haberse incrementado hasta 20.
En lo que difieren es en la aplicación de la Lomce. Mientras que Comisiones Obreras plantea una "verdadera lucha" contra la polémica ley -en contra de la oposición meramente retórica que, a su entender, practicó Pérez-, Insucan entiende necesario poner en marcha algunas de sus medidas, dirigidas a "mejorar el sistema educativo actual", como los programas de mejora del aprendizaje en segundo y tercero de la ESO, los apoyos en primero y la FP Básica.
El aumento de la inversión, en consonancia con lo que establece la Ley Canaria de Educación, es puesto sobre la mesa por ANPE y CCOO. El primer sindicato apunta que los presupuestos se encuentran en cifras de 2004 y el segundo llama la atención sobre la importancia de llevarlos a niveles "realistas en relación a las necesidades del sistema".
También concuerdan ambos en la reivindicación de elevar los salarios de los docentes, "el peor pagado de toda España cuando avanzan los años y se consolida la experiencia", subraya Pedro Crespo, de ANPE. Barroso quiere que la nueva consejera "pueda superar el hecho de que el reconocimiento que se hace al profesorado por parte de la Administración se suele quedar en palabras y buenas intenciones". En este sentido, CCOO pide que se busque una solución a la "discriminación" que sufren estos trabajadores.
Recuperar las actividades extraescolares
La crisis y los recortes se llevaron por delante la financiación pública de las actividades extraescolares y la acogida temprana de alumnos, dos medidas que Eusebio Dorta -presidente de la Federación Insular de Tenerife de Asociaciones de Padres (Fitapa)- cree urgente recuperar tras su "desmantelamiento". El representante de las familias reclama que se mantengan medidas de compensación puestas en marcha en los últimos cuatro años, como la extensión de la gratuidad y los desayunos en los comedores, al tiempo que exige que "ningún alumno se quede fuera del sistema" y aconseja que se replantee la enseñanza semipresencial, que se ha convertido, en su opinión, en "un cajón de sastre". En infraestructuras, solicita que se haga un estudio de la situación y se termine lo empezado. En cuanto a la Lomce, es partidario de que Monzón se embarque en el "consenso necesario" junto al resto de comunidades autónomas para evitar los efectos más perniciosos de la ley y, a la vez, impida un nuevo baile normativo que suponga que algunos alumnos puedan estudiar "con dos o tres leyes educativas".