El Gobierno ha suprimido, en lo que va de legislatura, 2.297 organismos y empresas públicas, ha anunciado hoy la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La número dos del Gobierno ha puesto la cifra como ejemplo de los efectos que está teniendo la reforma de las administraciones públicas.

Sáenz de Santamaría ha aportado otros datos como el de la venta de inmuebles públicos, que ha permitido obtener 500 millones de euros desde 2013, cuando la previsión era mucho menor, de 150 millones.

Como ejemplo de estas operaciones ha puesto la última autorización del Gobierno para enajenar un edificio de la Tesorería de la Seguridad Social situado en la madrileña calle Fuencarral, y ha señalado que mediante este programa se han puesto en valor 15.000 inmuebles. La mitad de ellos ya está en el mercado mediante subastas o enajenaciones directas.

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a otras medidas del informe CORA, como un cambio en el reglamento del decreto para el acceso electrónico a los servicios públicos.

Mediante esta reforma, se amplía el ámbito del registro electrónico de apoderamientos, para que el ciudadano pueda usarlo en cualquier actuación ante la Administración del Estado, no solo electrónica sino también presencial.

Además se introduce el uso de certificado electrónico de los empleados públicos, con seudónimo, lo que garantiza su anonimato y protege su identidad en las operaciones por medios electrónicos que afecten a información clasificada, la seguridad pública o la defensa nacional.

La vicepresidenta también ha anunciado que se ha dado "un paso más" en la integración de las ventanillas únicas. Se trata de la integración de los centros de la ventanilla única empresarial y la ventanilla única de la Directiva de Servicios en los Puntos de atención al Emprendedor.

Asimismo ha anunciado que Euskadi se ha sumado a la plataforma de contratación del sector público.

El Consejo ha autorizado así el convenio entre Euskadi y el Ministerio de Administración por el que la citada comunidad se suma a esta plataforma en la que se publican todos los contratos públicos.

Según la vicepresidenta, son ya dieciséis los convenios firmados con comunidades y ciudades autónomas para esta plataforma con la que se consigue que ciudadanos y empresas puedan conocer todos los contratos del Estado, comunidades y administraciones locales adheridas a este mecanismo.

Cualquier empresario puede así, ha explicado, conocer los contratos que ofrecen estas administraciones.