Hay casos judiciales que aparentemente deben tener una resolución rápida y que, sin embargo, se alargan durante años sin que haya sentencia. Uno de esos procedimientos es la supuesta desaparición en enero de 2008 de 301.000 euros de la cuenta que una empresa tenía en el banco Santander, en su sede de Los Llanos de Aridane, proceso del que EL DÍA ha informado en anteriores ediciones y que todavía hoy un juez trata de resolver, al no tener claro el destino del dinero o, al menos, si la entidad bancaria actuó correctamente.
La realidad es que el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Los Llanos de Aridane emitió el pasado 15 de julio de 2015, lo que fue comunicado a las partes dos días después, una providencia en la que requiere al banco Santander para que en el plazo de cinco días aporte en el juzgado la póliza del préstamo concedido a la empresa Inversiones Insulares Cock, que la entidad bancaria aseguró el 18 de agosto de 2014 que fue cancelada con el dinero que supuestamente desapareció de la cuenta de otra empresa, Business Anglo American, pero del mismo propietario, el empresario vasco César Gil.
Los socios de Businees defienden ante el juez que esa póliza de la que el Santander habla no tiene absolutamente nada que ver con su sociedad, ya que ni firmaron el préstamo ni tan siquiera lo avalaron, además de no autorizar la transferencia del dinero. Por el contrario, los apoderados del Banco Santander en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sostienen que los dos ingresos realizados por valor de poco más de 301.000 euros "carecen de concepto de abono de clase alguna" y que se destinó para satisfacer una deuda pendiente.
El caso tiene aún mayor complejidad si se tiene en cuenta que Inversiones Insulares Cock ha presentado en el mismo juzgado documentación con la que trata de demostrar que ese préstamo al que se refiere la entidad bancaria se incluyó dentro de otro crédito por un millón de euros; es decir, 1,3 millones que no se llegaron a pagar y por el que Banco Santander ejecuto la hipoteca de diferentes fincas en la costa de Tazacorte, también una casa en Santa Cruz de La Palma, que avalaban la operación.
Ahora falta por aclarar quién tiene razón. Y el juez Albano Padrón parece que está dispuesto a averiguarlo, ya que en la providencia emitida hace apenas unos días no solo reclama al Banco Santander que aporte la póliza de Inversiones Cock, sino también que identifique a los trabajadores, a todos, que intervinieron en la transferencia de los 301.000 euros que estaban en la cuenta de Business.