La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por ley mordaza y antes por la patada en la puerta, es decir, conjuntos de medidas coercitivas apadrinadas por los dos grandes partidos cuando los trances democráticos (manifestaciones) tocan en las puertas de sus respectivas organizaciones, ha sido aprobada en el Congreso con el rechazo de toda la oposición, el de muchos colegas eurodiputados y un numeroso grupo de militantes que en las esquinas se atreven a reprocharla, pero nunca en foros donde la presencia de la cúpula limita las expresiones (esto es fruto de las nefastas mayorías). Se ha escrito y dicho no lo suficiente sobre una norma explícita que establece la ausencia del juez en cualquier sanción controvertida, otorgando toda la autoridad a una decisión administrativa, es decir, a los funcionarios del Ministerio del Interior. La Justicia ha evidenciado, después de determinadas actuaciones deplorables, cómo algunos de los integrantes de ese Ministerio utilizan alegre y preocupadamente artilugios peligrosos contra una ciudadanía pacífica que apenas cuenta, como argumento para las injusticias que le afecta, con un "no" público (alborotadores y reventadores son sobradamente conocidos por la policía).

A veces, el mundo neuronal se desquicia y surgen declaraciones aseverando que esta ley representa un "avance democrático" y "una garantía de las libertades". Nadie ha sabido aclarar el origen esotérico de estas medidas que contemplan multar a un ciudadano con 600.000 euros por conductas que ya tenían condena penal con las anteriores leyes. Parte de la derecha se aleja de un centro civilizado. Existe miedo a perder el poder y hay que implantar un amparo total a la clase privilegiada. La aparición de los partidos políticos emergentes ha hecho (está haciendo) mucha pupa. El Gobierno ha aprobado esta ley por, argumenta, violencias que se producen en este país pacífico. Lo que sucede es que el ciudadano está angustiado por los nuevos recortes que se atisban en el horizonte. En la convención de Valladolid se dijo "el PP o la nada", se presentó un nuevo logo poco afortunado, un proyectado giro hacia asuntos sociales (tarde) y un perdón encubierto por el austericidio. ¿Alguien piensa que las próximas elecciones y los cambios optimistas están vinculados? Lo cierto es que en estos últimos años el PP ha protegido a un 10% de favorecidos, a los que aún protege. Un alto directivo de un banco gana 350 veces más que cualquiera de sus empleados. Y estos también las pasan canutas.

Esta nueva ley, que será derogada si el PP pierde las elecciones, sanciona, por ejemplo, sacar fotografías a las Fuerzas de Seguridad del Estado, actos que busquen impedir desahucios, escraches, sentadas pacíficas, perturbaciones frentes a las sedes institucionales, escaladas sin autorización de edificios o monumentos... Según magistrados y miembros de la carrera fiscal, estamos ante la eliminación del control judicial previo, esto es, la palabra de un agente que acuse a un manifestante de desobediencia leve bastará para imponer la multa máxima sin tener en cuenta el nivel de ingresos, tal y como ocurría hasta ahora con el Código Penal. Se eliminaron, sin embargo (a alguien le retornó la razón), otros criterios turbios. Cuando Franco y Lenin desaparezcan, España será un país serio.

A ciertos sectores de la derecha española no les ha sentado bien el perdón pedido por el buen Papa Francisco, condenando la actitud de la Iglesia con las atrocidades cometidas por la conquista y colonización en Latinoamérica. En Bolivia se halla Potosí, la mayor mina de plata del mundo de entonces. La alucinante cifra de 6 millones de indígenas exterminados allí sufragó el boato desenfrenado de la metrópoli con leyes dictadas con el fin de que el nativo trabajara extenuadamente para la Corona a través de la autoridad omnipotente de los caciques. Es el nexo que permanece entre el ayer y el hoy, con diferentes métodos, para conservar absolutamente el poder. Ayer, el indígena; hoy, el estupefacto ciudadano acogotado por impuestos.