El Tribunal Constitucional (TC) tenía pendientes de resolver a 31 de diciembre 15 litigios entre el Estado y Canarias, 13 de ellos por leyes nacionales impugnadas por la Comunidad Autónoma, uno por una norma canaria recurrida por el Gobierno central y uno formulado como conflicto de competencias. Estas cifras convierten a las Islas en la cuarta región -junto al País Vasco- en litigiosidad con la Administración central.

Al término de 2014, el Constitucional tenía en trámite 143 recursos de inconstitucionalidad interpuestos por o contra las comunidades autónomas, así como 26 conflictos positivos de competencias, según la Memoria de la institución de 2014.

Cataluña acumula 30 de esos recursos contra leyes del Estado, además de doce conflictos, mientras que tiene interpuestas contra sus normas otras doce impugnaciones.

Le sigue Andalucía, que tiene 14 leyes estatales recurridas sin resolver, en tanto que el Ejecutivo central ha recurrido tres de las autonómicas y planteado tres conflictos positivos de competencias, con lo que la conflictividad entre los dos ámbitos de la administración -estatal y autonómico- se eleva a 20 asuntos.

Navarra está pendiente de nueve leyes del Estado mientras que tiene interpuestos seis recursos de inconstitucionalidad y un conflicto positivo de competencias, lo que hace un total de 16 procesos abiertos en esa fecha.

A continuación se sitúa Canarias, con quince litigios (14 recursos contra leyes y un conflicto de competencias planteado por la Comunidad Autónoma contra el Estado).

El mismo número de casos se encontraban abiertos entre el País Vasco y la Administración General del Estado. El Tribunal Constitucional aún no se había pronunciado sobre diez recursos y tres conflictos planteados por la Comunidad Autónoma, que tenía también dos conflictos planteados por la Administración central.

La conflictividad entre instituciones en Galicia y Asturias se concretaba en diez asuntos en cada una de estas autonomías, mientras que en la Comunidad Valenciana había ocho procedimientos abiertos y en Extremadura siete. Aragón y el Estado tenían pendientes cinco asuntos ante el TC, en tanto que Madrid tenía tres. La Rioja, Murcia y Castilla y León resolvían sus diferencias con el Gobierno central en torno a dos casos cada una de ellas.

Tres comunidades autónomas -Cantabria, Castilla-La Mancha y Baleares- no tenían nada pendiente en esa fecha.