La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha citado para el 7 de septiembre en Madrid a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional para abordar su reclamación contra el decreto autonómico que regula el sector, que a su juicio deja fuera al 12% del PIB turístico.
La presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), Doris Borrego, realizó este anuncio ayer en rueda de prensa junto a representantes de diferentes colectivos sociales, profesionales y partidos políticos que apoyan a la entidad en su petición al Gobierno autonómico de que modifique el decreto.
Borrego precisó que ha pedido al Ejecutivo regional que modifique de forma urgente el decreto 113/2015 que regula las viviendas vacacionales en Canarias, que suspenda los artículos 3.1 y 3.2 y que paralice el régimen sancionador que puede derivarse de ellos.
En concreto, el arquitecto y urbanista Hugo Luengo detalló que el primer artículo citado crea una nueva categoría alojativa, la de la vivienda vacacional, que luego prohíbe en el segundo artículo al establecer que no será posible su uso en zonas turísticas, lo que implica "dejar fuera de juego al 12% del PIB" del turismo canario.
Por este motivo la ASCAV considera que se ha dejado fuera de regulación al 90% de los propietarios de viviendas vacacionales del Archipiélago, lo que afecta a unas 53.000 familias, según Doris Borrego, quien manifestó no obstante que miembros de Coalición Canaria -entre ellos el propio presidente del Gobierno, Fernando Clavijo- han expresado su voluntad de modificar este decreto.
"Canarias ofrece una imagen de inseguridad jurídica y da a la espalda a 1.300.000 turistas que visitan las islas", añadió la portavoz de la asociación, puesto que se excluye a las viviendas que realizan este servicio de poder competir en las zonas turísticas, al tiempo que se permite a grupos hoteleros que posean bloques residenciales convertirlos en apartamentos turísticos.
Hugo Luengo calificó el decreto de "monstruo jurídico" y dijo que "no hay por dónde coger sus errores técnicos". Asimismo, lamentó que ni siquiera se tenga en cuenta el gasto que efectúan en el propio destino frente al desembolso que propician "los hoteles de las pulseritas", en alusión al régimen de "todo incluido".
José Cuevas, presidente de la Asociación "Casitas La Palma", señaló que en la Isla hay unas 4.000 camas de viviendas vacacionales, la tercera parte de las plazas alojativas palmeras y el 17% del PIB insular, por lo que lamentó "el vil engaño" al sector por parte del Gobierno de Canarias.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Suárez, reveló que su organización ha presentado una queja ante el Diputado del Común -el defensor del pueblo de la Comunidad Autónoma- por considerar que el decreto restringe la libre competencia al afectar también al ejercicio profesional de este colectivo en zonas turísticas.