La Justicia portuguesa impuso prisión domiciliaria al expresidente del Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado, confirmó hoy de madrugada su abogado, Francisco Proença de Carvalho.

Salgado declaró ayer ante el juez durante cerca de doce horas en el marco de la investigación iniciada por las autoridades lusas sobre los motivos y circunstancias que rodearon la caída del Grupo Espírito Santo -propietario del BES-, en 2014.

Las autoridades sospechan que en el origen del derrumbe de este emporio familiar -uno de los mayores de Portugal y con participaciones en diferentes sectores- existen irregularidades legales que pueden constituir un crimen.

De hecho, en septiembre del pasado año la Fiscalía lusa confirmó la creación de un "equipo de agentes del Departamento Central de Investigación y Acción Penal" dedicados en exclusiva a esclarecer "los procesos relacionados con el universo de los Espírito Santo" después de que personas que se consideran perjudicadas por la caída de este conglomerado empresarial presentaran una denuncia.

"En el ámbito de estas investigaciones fueron constituidos como sospechosos seis personas por la práctica de crímenes de falsificación, falsificación informática, burla cualificada, abuso de confianza, fraude fiscal, corrupción en el sector privado y blanqueamiento de capitales", señala el comunicado enviado ayer por el Ministerio Público.

El letrado que representa a Ricardo Salgado -quien además de presidente del BES era líder de uno de los cinco clanes familiares que controlaban todo el Grupo- ya anunció que recurrirá las medidas de coacción impuestas por el magistrado a su cliente, entre ellas la prisión domiciliaria, que calificó de "desproporcionada".

El antiguo banquero -considerado hasta hace sólo unos meses uno de los hombres con más poder e influencia de todo Portugal- no estará controlado con una pulsera electrónica, aunque necesitará de un permiso del juez cada vez que pretenda abandonar su vivienda.

Hace justo un año Salgado ya fue detenido y llevado a declarar ante el juez aunque por otra operación diferente llamada "Monte Branco", el mayor caso de fraude fiscal y blanqueo de capitales detectado en el país.

El banquero abonó entonces una fianza de tres millones de euros para salir en libertad provisional.

El desmoronamiento del Grupo Espírito Santo -con negocios en los seguros, la banca, el turismo o la agroalimentación, entre otras áreas- debido a sus problemas financieros, comenzó a ser visible el pasado año y acabó por afectar al banco del emporio familiar, en aquel momento la segunda mayor entidad lusa en volumen de activos.

El BES fue intervenido en agosto de 2014 por el Banco de Portugal después de que fueran registradas pérdidas multimillonarias tras un análisis exhaustivo de sus cuentas que sacó a la luz operaciones de alto riesgo desconocidas hasta el momento.