El Gobierno canario acordó ayer pedir la convocatoria urgente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para paralizar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) porque se aprobó sin consenso y no responde a las necesidades educativas reales. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Educación, Soledad Monzón, dijo que la Lomce carece de una ficha financiera suficiente para su implantación y, sobre todo, establece unos plazos de muy difícil cumplimento.

La consejera reconoció que hay obligación de cumplir la ley, de modo que, si bien el Gobierno canario trabaja para que se paralice, también desarrolla una normativa para que, en caso de que se aplique, afecte lo menos posible al inicio del curso. Declaró que debe tenerse en cuenta que los partidos de ámbito estatal con posibilidades de gobernar en España tras las próximas elecciones generales han dicho que paralizarán la Lomce, por lo que comentó que es preciso tener en cuenta esa posibilidad.

El Gobierno canario propone detener su implantación y abrir un diálogo sobre todas las debilidades y carencias detectadas, para llegar a un consenso que permita mejorar el sistema e implantarlo de una manera más racional y, ante todo, más pausada, de modo que su desarrollo se adecúe a las capacidades reales de adaptación curricular y financieras.

Monzón afirmó que uno de los desaciertos de la Lomce es la denominada formación profesional básica, que amplía de uno a dos años su duración, con lo que incrementa un año la escolarización obligatoria, con la "consiguiente" necesidad de dotación de nuevos recursos humanos y económicos en escaso tiempo. Agregó que la Lomce establece una serie de pruebas añadidas a la superación de los cursos, que "complican" de forma "injustificada" la progresión de los alumnos. Recordó que se obliga a realizar exámenes adicionales a los estudiantes que superen todas las asignaturas de tercero y sexto de Primaria, cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato. Aclaró que las de Primaria no suponen un freno para pasar de curso, pero las de ESO o Bachillerato impiden continuar los estudios, perdiendo así el alumno un año hasta las pruebas del curso siguiente, aunque haya superado todas las asignaturas.