La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha remitido al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma un informe contrario al desarrollo previsto en la zona de Maldonado, al entender que los proyectos edificatorios se pretenden ejecutar dentro del dominio marítimo terrestre, un documento escueto que fue analizado en la última sesión de la Comisión Municipal de Urbanismo y que ahora será estudiado por los técnicos con el objetivo de rebatir o aclarar los argumentos del organismo estatal.
La administración local es consciente de que la costa norte de la ciudad es, en realidad, el único espacio con el que cuenta el municipio para su expansión en el litoral. Allí tiene previsto, incluso así lo recoge el Plan General de Ordenación que se encuentra en fase de aprobación definitiva, desde una instalación hotelera hasta un centro de convenciones. Sin embargo, desde hace años existe una diferencia de criterio respeto a dónde debe estar la línea de servidumbre. A propósito, el ayuntamiento se mantiene en que tiene que estar situada en los veinte metros, al tratarse de un área urbana, con edificaciones, pero Costas es firme y pese a las diferentes reuniones técnicas y políticas mantenidas entre ambas administraciones, deja claro, ahora también, que su dominio alcanza los cien metros en Maldonado.
Tras finalizar la Comisión de Urbanismo, el concejal responsable del área, el nacionalista Víctor Francisco, manifestó a esta redacción que "estamos analizando el informe negativo de Costas sobre la servidumbre en el norte de la ciudad. En principio, y hasta que los técnicos estudien más detenidamente sus consecuencias, no afecta a la franja donde se encuentran las viviendas, sino que delimita el espacio a partir de la pequeña plaza ubicada en Maldonado y hasta el polígono industrial de Mirca (barranco del Carmen)", es decir, precisamente en el tramo previsto por el ayuntamiento para el desarrollo futuro de Santa Cruz de La Palma.
Para la defensa de los edificios de viviendas y empresas situadas en la zona, el ayuntamiento siempre lo ha tenido mucho más sencillo, al haber sido suficiente con presentar ante la Dirección General fotografías aéreas donde se comprueba fehacientemente que Maldonado estaba urbanizado antes de 1988, cuando entró en vigor la primera Ley de Costas. Por tanto, no están en peligro, ni mucho menos, los inmuebles ya ejecutados, cuyos propietarios deben estar, en ese sentido, tranquilos.
En concreto, el suelo ha sido dividido en tres franjas y las que están afectadas son las que recoge el PGO para su nueva "explotación". Lo que ocurre es que está siendo mucho más complejo certificar que esta zona contaba antes del 1988 con servicios básicos, como luz o saneamiento, requisito indispensable para que se permita ahora desarrollar otras construcciones.
Por ahora, la realidad es que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar sostiene en el informe remitido al ayuntamiento que en Maldonado no se cumplen los requisitos de una disposición, en concreto la transitoria 1, de la última ley de Costas, del año 2013, sobre servicios urbanísticos y consolidación del terreno. Pese a ello, Víctor Francisco sostiene que "es un tema que hay que seguir peleando porque hablamos de un espacio muy importante, fundamental, para Santa Cruz de La Palma", por lo que "estudiaremos todo lo que se ha hecho desde el ayuntamiento, veremos qué requisitos no cumplimos y trataremos de buscar una solución con Costas".